[Juan Soto Ivars] (July 15, 2026) ASÍ Contó Javier (ito) Ruiz LA Condena AL Hermano DE Sánchez EN TVE

La primera vez que un familiar directo del presidente del gobieno es condenado por un caso
de corrupción nos pilló trabajando. Por un lado analizamos el caso desde el periodismo con Entrambasaguas. Y luego vimos cómo la cloaca que pagamos todos (tve) contó la sentencia.

La entrevista completa con Alejandro Entrambasaguas https://youtu.be/xKMpmoIQ6_4?si=ldlegy8CpH6Lrdn5

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa como cooperador necesario en la contratación que recibió en la Diputación de Badajoz. También condenó a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, con penas de inhabilitación por su papel en aquella adjudicación.

El dato central era sencillo: el hermano de Pedro Sánchez había sido condenado. Pero la reacción mediática afín al Gobierno intentó construir otro centro de gravedad. En vez de abrir con la condena, con la plaza, con la Diputación, con Gallardo o con la conclusión judicial sobre el puesto creado para favorecer a David Sánchez, el debate giró enseguida hacia Beatriz Biedma, Juan Carlos Peinado, el supuesto lawfare y la actuación de jueces que investigan al entorno familiar del presidente.

Ese movimiento es políticamente relevante. La sentencia considera que el puesto fue creado sin necesidad real y para favorecer al hermano del presidente. También sostiene que David Sánchez sabía que el cargo había sido diseñado para él y que el proceso administrativo simuló una apariencia de legalidad. Al mismo tiempo, descarta el tráfico de influencias al no probarse quién ejerció presión directa para conseguir el resultado.

Precisamente por eso el relato televisivo se agarró a ese punto: “no ha quedado acreditado que Pedro Sánchez ayudase o presionase”. La frase puede ser cierta jurídicamente, pero sirve para otra cosa: proteger el perímetro político del presidente y rebajar la noticia principal. La sentencia no condena a Pedro Sánchez porque Pedro Sánchez no estaba siendo juzgado. Lo que condena es un procedimiento administrativo irregular en beneficio de su hermano y con responsabilidad de quienes controlaban la Diputación de Badajoz.

El problema no es que se critique una sentencia. Las sentencias pueden recurrirse, discutirse y revocarse. Las defensas ya han anunciado recursos y el PSOE ha defendido la inocencia de David Sánchez, alegando que el caso forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno. El problema es la velocidad con la que se activó el marco: antes de que hubiera una lectura reposada del fallo, la conversación ya estaba orientada hacia la jueza instructora, sus supuestas simpatías políticas, la ley Bolaños y la causa de Begoña Gómez.

La figura de Biedma es especialmente sensible porque, según varias informaciones, habría sido objeto de maniobras de descrédito vinculadas al entorno de Leire Díez y a la llamada “cloaca” socialista. El Debate publicó que se habrían fabricado imágenes falsas mediante inteligencia artificial para atacarla, y que la UCO situaba a un exjuez condenado por maltrato en una línea de actuación dirigida contra la magistrada. Son informaciones que requieren recorrido judicial, pero explican por qué resulta tan grave que el foco vuelva a ponerse sobre la jueza justo cuando la sentencia confirma parte de la causa que ella instruyó.

El caso Peinado aparece en paralelo por la investigación a Begoña Gómez. La reacción televisiva mezcla ambos expedientes bajo una misma idea: jueces que se extralimitan, familiares del presidente perseguidos y una derecha mediática que empuja causas judiciales para erosionar al Gobierno. O sea la condena al hermano de Sánchez no es una derrota política, sino como un episodio más de una guerra judicial.

La sentencia, sin embargo, vuelve a lo material: una plaza pública, una Diputación gobernada por socialistas, un procedimiento cuestionado, un beneficiario con parentesco directo con el líder del PSOE y un tribunal que concluye que hubo prevaricación. Que no se haya probado tráfico de influencias no elimina el problema político. Lo delimita penalmente. El fallo dice que hubo irregularidad grave, aunque no acredite toda la cadena de mando o presión que las acusaciones sugerían.

Por eso la mañana de la sentencia importa casi tanto como la sentencia. Enseña cómo funciona la defensa del poder cuando el golpe judicial llega cerca de Moncloa: primero se reduce la noticia; después se subraya lo que no ha quedado probado; luego se cuestiona a los jueces; finalmente se integra todo en el relato del lawfare.

El caso David Sánchez ya no habla solo de Badajoz. Habla de nepotismo, de diputaciones, de redes de partido, de televisión pública, de jueces bajo presión y de un Gobierno que responde a cada causa judicial no con una explicación política, sino con una acusación contra quienes investigan.

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