El artículo de Ketty en exclusiva en Abc (SUSCRÍBANSE): https://www.abc.es/espana/general-denuncia-cupula-guardia-civil-coaccionarle-boicotear-20260716192228-nt.html

Garat debuta al frente de la investigación periodística en ABC con una exclusiva que
revela cómo el Gobierno, el MInisterio de Interior y Mercedes González maniobraban dentro
de la Guardia Civil para conseguir objetivos políticos comprometiendo incluso a generales.

La exclusiva de ABC firmada por Ketty Garat coloca a la Guardia Civil en el centro de una crisis institucional de primer orden. Según esa información, el general Fernando Mora, entonces jefe de la Zona de Madrid, denunció presiones de la cúpula del Instituto Armado para que no asistiera al acto institucional del 2 de mayo de 2025, día de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. La noticia no habla solo de una ausencia protocolaria. Habla de una posible utilización política de la Guardia Civil en plena guerra entre Moncloa y la Comunidad de Madrid.

El núcleo está en los mensajes y en el audio entre Fernando Mora y Luis Antonio del Castillo Ruano, mando de operaciones de la Guardia Civil. Según ABC, Del Castillo trasladó a Mora que no debía acudir al acto: “tú libras”, “escúsate”. Mora se resistió porque entendía que su presencia no era personal, sino institucional. No iba Fernando Mora como ciudadano, sino el general jefe de la Zona de Madrid como representante de la Guardia Civil ante una autoridad autonómica que lo había invitado.

La conversación es relevante porque deja ver dos culturas institucionales enfrentadas. Una entiende la cadena de mando como obediencia silenciosa incluso cuando la orden tiene una motivación política. La otra entiende la disciplina como compatible con la verdad: si se le ordena no ir, Mora dice que cumplirá, pero que explicará que no acude porque se lo han ordenado. Esa diferencia es el centro del caso. No discute si obedece o no. Discute si debe mentir para tapar el origen político de la orden.

En el audio, Mora sostiene que la Guardia Civil debe ser imparcial y que no puede ser arrastrada a una batalla política contra Ayuso. La frase más expresiva es la que recoge el texto base: “no está mi culo para que este Gobierno, este ministro o esta directora lo utilice”. Puede sonar bronca, pero condensa bien el problema: la institución habría sido usada para dar un plantón político a la presidenta madrileña, dejando vacía una silla que representaba al Cuerpo, no a una persona concreta.

El detalle final es decisivo. Tras la discusión, llega el mensaje: “Autorizada asistencia, Fernando”. Pero si la orden era razonable, ¿por qué retirarla en cuanto el general anuncia que explicará su origen?

La versión difundida por medios críticos con ABC subraya que el desenlace fue la autorización de asistencia y que, por tanto, el titular de “boicot” debe matizarse. Pero incluso esas lecturas admiten que existió una indicación inicial para que Mora no acudiera y una tensión interna sobre la representación institucional. La discusión, por tanto, no desaparece: se desplaza hacia si aquello fue una orden improcedente, una presión política o una simple gestión protocolaria mal planteada.

El contexto agrava el asunto. La información se publica en un momento en que la cúpula de la Guardia Civil aparece salpicada por la investigación de la llamada trama de Leire Díez. Mercedes González, directora general del Instituto Armado, y el DAO Manuel Llamas han sido investigados en relación con supuestas maniobras para neutralizar causas sensibles para el PSOE y el entorno del presidente. El Debate publicó que la Fiscalía veía en esa trama un intento de actuar como “paraguas” frente a investigaciones de la UCO.

También encaja con otra línea de tensión: las presiones denunciadas por mandos de la UCO. En junio se conoció que Rafael Yuste, exjefe de la Unidad Central Operativa, declaró que recibió presiones de la antigua cúpula para rebajar la iniciativa policial en investigaciones que afectaban al entorno de Pedro Sánchez, entre ellas la causa de David Sánchez. Si se suma este episodio al intento de apartar a Mora del 2 de mayo, aparece un patrón preocupante: mandos profesionales resistiendo instrucciones políticas que afectan a causas judiciales o a la neutralidad institucional.

La comparación con Diego Pérez de los Cobos es inevitable. Fue cesado en 2020 tras negarse a informar al Ministerio del Interior sobre diligencias judiciales del 8-M que estaban bajo secreto. Aquel caso ya abrió el debate sobre hasta dónde puede llegar la cadena política en un cuerpo policial de naturaleza militar cuando hay jueces, investigaciones o neutralidad institucional de por medio.

El caso también golpea directamente a Interior.

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