El Congreso vota que no, pero Sánchez dice que esa mayoría ya no representa a la gente.
Convoca elecciones para buscar otra mayoría y, mientras tanto, lleva los mismos decretos a la Diputación Permanente donde sí tiene mayoría. Deberíamos darle mayoría absoluta, ¿no?

El Congreso tumbó los decretos de vivienda de Pedro Sánchez. Cuatro días después, el Gobierno los ha vuelto a aprobar casi enteros y piensa llevarlos a una Diputación Permanente donde cambia la mayoría.
Sánchez lo resume así: si este Parlamento no aprueba sus medidas, los españoles deben elegir otro.
Las elecciones del 29 de noviembre ya tienen primer campo de batalla: vivienda, desahucios y quién puede decir que representa realmente a la mayoría.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos nuevos reales decretos con 21 medidas que mantienen, según el propio Sánchez, “la esencia” de los que PP, Vox y Junts rechazaron el viernes. El Gobierno recupera el escudo frente a desahucios de personas vulnerables, prórrogas extraordinarias de contratos, incentivos fiscales para alquileres asequibles, medidas contra fondos de inversión y una línea del ICO de 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses a compradores de primera vivienda. También incorpora 280 millones en avales para construcción industrializada y otros 400 millones destinados a vivienda social.

La polémica no está tanto en que el Gobierno pueda aprobar decretos con las Cortes disueltas. Puede hacerlo. La Constitución establece que la Diputación Permanente asume las facultades del Congreso respecto a los decretos-ley durante ese periodo, y existen precedentes de convalidaciones incluso después de celebradas unas elecciones. El problema político es otro: el pleno del Congreso acaba de rechazarlos y Sánchez vuelve a presentar buena parte de esas mismas medidas ante un órgano más pequeño cuya composición parlamentaria le resulta más favorable.

El propio presidente no intenta esconder la lógica. Si la mayoría del Parlamento “da la espalda a la ciudadanía” en vivienda, sostiene, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento. Y mientras llegan las elecciones, el Gobierno seguirá gobernando. Es una formulación especialmente llamativa porque la misma mayoría parlamentaria que ahora considera insuficiente es la que permitió su investidura en 2023.

Uno de los dos decretos tiene además una peculiaridad: la prórroga automática de determinados contratos no entrará en vigor hasta que sea convalidada por la Diputación Permanente. Sánchez reconoce que hoy no existe mayoría para sacarla adelante en el Congreso ordinario. El PNV mantiene reservas y Junts, decisivo para la investidura, ya no tendrá en la Permanente el mismo peso que tuvo para hacer caer los textos la semana pasada.

Todo llega después de ocho años de Gobierno de Sánchez y en plena crisis de acceso a la vivienda. Moncloa defiende la Ley estatal de Vivienda, Casa 47, las transferencias a comunidades autónomas y miles de millones movilizados para ampliar el parque público. Sánchez culpa además a los gobiernos autonómicos de PP y Vox de negarse a aplicar instrumentos de la ley en buena parte del territorio. La oposición responde con el dato que políticamente más daño hace: después de dos legislaturas, comprar o alquilar una vivienda es bastante más caro y el problema se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

Ahí entra Maricarmen. Su desahucio, la acampada de la Puerta del Sol, el Sindicato de Inquilinas y la huelga general anunciada por UGT y CCOO han terminado confluyendo con la convocatoria electoral. La Moncloa presenta ahora la vivienda como una elección entre pequeños propietarios e inquilinos frente a fondos buitre; PP, Vox y Junts denuncian intervencionismo y efectos negativos sobre la oferta. Incluso dentro del propio debate aparecen voces que consideran algunas medidas útiles pero cuestionan el momento elegido y la forma de recuperarlas después de haber perdido la votación.

Sánchez ha decidido llevar precisamente esa pelea a las urnas. No plantea el 29-N simplemente como una elección entre PSOE y PP, sino como una oportunidad para conseguir una mayoría “más rotunda” que permita intervenir con más fuerza en el mercado de la vivienda. El Gobierno ha convertido así su derrota parlamentaria en argumento de campaña.

Y todavía queda Ceuta. Felipe VI y la reina Letizia viajarán a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre, una visita especialmente sensible después de la entrada masiva de migrantes del verano y ante el silencio oficial de Marruecos. Sánchez ya ha confirmado que no acompañará a los Reyes y, preguntado sobre si hará campaña en Ceuta, se ha limitado a decir que lo consultará con su comité electoral.

En menos de una semana han caído dos decretos, se han convocado elecciones, se han rehecho los mismos decretos y la vivienda ha pasado a ser el eje de la campaña. El 29 de noviembre empieza bastante antes del 29 de noviembre.