[Juan Soto Ivars] (October 7, 2026) De la Universidad Privada MÁS Cara a Salvadora del Pueblo
Proteger a quien ya alquila calma la urgencia, pero no crea ni un solo techo nuevo. Con una
brecha de cientos de miles de hogares sin construir, el Sindicato de Inquilinos insiste en repartir una escasez. La vivienda exige derechos, sí, pero sobre todo necesita casas.
La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas políticos de España, pero eso no significa que todas las soluciones sirvan.
El Sindicato de Inquilinas propone contratos indefinidos, topes y más intervención mientras la oferta sigue sin crecer al ritmo de los nuevos hogares.
Y ahí empieza una discusión bastante más importante que la pelea entre caseros e inquilinos.
La acampada de la Puerta del Sol continúa después del desahucio de Maricarmen y el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda de Pedro Sánchez. Alicia del Río y Valeria Racu, portavoces del Sindicato de Inquilinas, han convertido la protesta en uno de los focos políticos del momento y anuncian que la movilización seguirá pese a las elecciones del 29 de noviembre. UGT y CCOO preparan además una huelga general para noviembre, con la vivienda y los salarios como principales reivindicaciones.
El problema de fondo existe y los datos son difíciles de discutir. En 2025, el 67,1% de los españoles de 18 a 34 años seguía viviendo con alguno de sus padres. Entre quienes tenían de 26 a 34 años, casi la mitad de los que no se habían emancipado señalaba como motivo principal que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda.
Pero una crisis real también puede producir malas soluciones. El Sindicato de Inquilinas reclama contratos de alquiler indefinidos, bajadas obligatorias de precios y expropiaciones a fondos buitre. Alicia del Río sostiene que renovar automáticamente los contratos evitaría que miles de familias fueran expulsadas de sus casas al terminar el alquiler.
La crítica es qué ocurre con quien todavía no tiene vivienda. Proteger al inquilino que ya está dentro puede darle estabilidad, pero no crea una sola casa nueva. Y España lleva años aumentando mucho más rápido el número de hogares que el parque residencial. Entre 2021 y 2025 se crearon alrededor de 1,2 millones de hogares y se terminaron unas 465.000 viviendas. El propio real decreto aprobado por el Gobierno reconoce un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas respecto a la creación de hogares de los últimos quince años.
Ese es también el argumento de Jorge Galindo, director de EsadeEcPol y autor de *Tres millones de viviendas*. Su diagnóstico parte de una idea sencilla: si cada año aparecen nuevos hogares y no se construyen suficientes viviendas, la competencia por las existentes aumenta. Galindo calcula que España pasó de terminar unas 260.000 viviendas anuales en los años noventa y unas 540.000 durante los dos mil a alrededor de 93.000 en 2025.
El resultado no afecta únicamente al precio. Cuando la oferta es escasa, también aumenta la selección de inquilinos: mejores nóminas, más garantías y menos posibilidades para quien tiene ingresos bajos o un empleo precario. De ahí la paradoja de algunas políticas de protección: pueden mejorar mucho la situación de quien conserva un contrato y, al mismo tiempo, hacer todavía más difícil que entre el siguiente.
Eso no significa que la única respuesta sea “dejar actuar al mercado”. El propio debate admite medidas muy diferentes: construir mucha más vivienda, ampliar el parque social, agilizar suelo y licencias, limitar pisos turísticos donde realmente distorsionan barrios concretos, garantizar públicamente determinados impagos y proteger a personas vulnerables. Lo que no parece sostenible es discutir únicamente cómo repartir mejor una oferta que ya es insuficiente.
La diferencia importa especialmente ahora. Pedro Sánchez ha decidido convertir la vivienda en uno de los grandes ejes de las elecciones; el Sindicato de Inquilinas mantiene la presión desde Sol; UGT y CCOO preparan una huelga general; PP y Vox cargan contra la intervención del mercado e Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en uno de los principales objetivos de las protestas.
En medio de todo ese ruido queda una pregunta bastante concreta: si en cinco años España crea 1,2 millones de hogares y termina menos de medio millón de viviendas, ¿qué política puede funcionar sin solucionar primero esa diferencia?
La vivienda necesita protección. También necesita casas.