[Juan Soto Ivars] (October 6, 2026) Huelga Nacional contra el Gobierno Local
UGT y CCOO anuncian la primera huelga general en catorce años justo después de que Pedro
Sánchez convoque elecciones. Dicen que será por la vivienda y los salarios y que evitarán la campaña electoral. La pregunta es bastante tonta, ya lo sé, pero ¿por qué ahora?
Los dos grandes sindicatos han acordado un paro general de 24 horas este otoño, todavía sin fecha cerrada, después de que PP, Vox y Junts tumbaran los decretos de vivienda del Gobierno. La convocatoria se coordinará con el Sindicato de Inquilinas y llega después de las movilizaciones de Madrid, Barcelona y otras ciudades. UGT y CCOO reclaman subidas salariales de entre el 4% y el 7%, límites al alquiler, más vivienda pública y la aplicación efectiva de la Ley de Vivienda. Será, si finalmente se celebra, la primera huelga general estatal desde 2012.
El problema político es el calendario. Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y la huelga aparece después de ocho años en los que UGT y CCOO han mantenido una relación de concertación constante con los gobiernos del PSOE y con el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Reforma laboral, subida del salario mínimo, pensiones y sucesivos acuerdos sociales explican por qué los sindicatos sostienen que durante estos años no existían las mismas razones para convocar un paro general.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, defiende precisamente eso: durante los últimos ocho años hubo negociación y acuerdos que mejoraron las condiciones laborales, mientras que ahora la combinación de salarios insuficientes y precios de la vivienda obliga a movilizarse. Cuando se le pregunta contra quién se dirige exactamente la huelga, reparte responsabilidades entre administraciones autonómicas, ayuntamientos, Gobierno y patronal.
La explicación no convence a todo el mundo. Cándido Méndez, secretario general de UGT durante más de veinte años, ha reconocido que la convocatoria le sorprendió y ha advertido de que la fecha tendrá que explicarse “muy cuidadosamente” a la opinión pública. Méndez recuerda además que los trabajadores pobres y el problema de la vivienda no aparecieron con la convocatoria electoral. En España hay, según su estimación, alrededor de dos millones de trabajadores pobres.
También está el dinero público. Aquí conviene precisar las cifras: en 2018, último año de Mariano Rajoy, la convocatoria estatal de subvenciones a organizaciones sindicales en proporción a su representatividad tenía un máximo de 8,88 millones de euros. En 2026 esa misma partida alcanza los 32 millones. No son 32 millones entregados exclusivamente a UGT y CCOO, sino el fondo total repartido entre las organizaciones sindicales que cumplen los requisitos de representatividad. La comparación, aun así, es clara: la partida se ha multiplicado por más de tres desde 2018.
Ese dato aparece en medio de una discusión mucho más incómoda sobre la independencia sindical. UGT y CCOO han respaldado buena parte de la política laboral de Yolanda Díaz y del Gobierno de Sánchez y ahora se suman a una movilización impulsada por el Sindicato de Inquilinas cuando el Ejecutivo acaba de perder sus decretos y el país entra en periodo electoral. Luján niega que exista una operación de campaña y sostiene que las reivindicaciones sobre vivienda y salarios llevan años planteándose.
Pepe Álvarez también asegura que la decisión estaba preparándose antes del adelanto electoral y afirma que la huelga no coincidirá con la campaña oficial. Al mismo tiempo, considera noviembre una fecha “sensata”. Los sindicatos deberán concretar ahora el día, las condiciones del paro y el alcance territorial de una convocatoria que llega con el calendario político completamente alterado.
La vivienda ofrece además un terreno perfecto para la movilización. El desahucio de Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol, el Sindicato de Inquilinas y la caída de los dos decretos han colocado el alquiler y el acceso a una casa en el centro de la precampaña. Pedro Sánchez quiere llevar las elecciones al choque entre inquilinos y fondos buitre; PP, Vox y Junts cuestionan las recetas intervencionistas del Gobierno; y ahora UGT y CCOO entran en la calle con una huelga general.
Los sindicatos tienen derecho a convocarla y la crisis de la vivienda es real. También es legítimo preguntar por qué la primera huelga general desde 2012 llega después de ocho años de concertación con el Gobierno, con las subvenciones sindicales en máximos y a pocas semanas de unas elecciones generales.