[Juan Soto Ivars] (September 27, 2026) Si te Explican ASÍ la LEY DE Nietos, es Casi Imposible no Temer un Pucherazo
Guadalupe Sánchez nos explica la llamada Ley de Nietos en una masterclass jurídica
para aclararnos si se puede manipular el censo, de dónde viene todo y por qué el PSOE y
el Gobierno se han puesto tan nerviosos por las medidas cautelares del Tribunal Supremo.
¿Tenemos que sosprechar o no de Pedro Sánchez y del PSOE? ¿Quién puede entrar en el censo electoral español, con qué requisitos y por qué el Tribunal Supremo ha decidido frenar cautelarmente las altas que no acrediten aquello que exige la ley?
El origen está en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Las Cortes reconocieron una vía de nacionalidad para descendientes de españoles exiliados. Durante la tramitación, Ciudadanos intentó ampliar ese supuesto y el Congreso lo rechazó, también con el voto del PSOE. Después llegó la instrucción de Sofía Puente, hermana de Óscar Puente y entonces directora general en Justicia, interpretando cómo debían aplicarse esos requisitos.
Por lo que sea, una directora general puede dictar instrucciones. No puede convertirse en legisladora ni sustituir con su firma lo que ha aprobado el Parlamento. Esa es precisamente la cuestión que ha terminado delante del Supremo: si una disposición administrativa amplió de hecho lo que las Cortes habían decidido limitar. La propia Junta Electoral Central recogió en votos particulares las dudas sobre una interpretación que podía exceder la voluntad del legislador.
El Supremo no ha retirado nacionalidades. Tampoco ha declarado que millones de personas hayan cometido fraude. Ha pedido algo mucho más elemental: antes de incorporar esos expedientes al CERA y permitir que produzcan efectos electorales, comprobar quién cumple realmente los requisitos fijados por la ley. El auto habla de proteger la transparencia del proceso electoral ante un crecimiento extraordinario del censo exterior.
La reacción del PSOE ha sido bastante menos tranquila. Pedro Sánchez pidió públicamente al Supremo que resolviera antes de las elecciones de 2027. Félix Bolaños calificó la cautelar de “muy discutible jurídicamente”. Montse Mínguez habló de un derecho al voto “sagrado”. César Mogo acusó a PP y Vox de tratar a los españoles en el extranjero como sospechosos de fraude. Y Ferraz llegó a enviar una campaña a sus militantes para recoger firmas y “presionar” al Supremo con el argumento de que existía una amenaza para la democracia.
Precisamente esa sobrerreacción es una de las contradicciones que atraviesa toda la conversación con Lupe Sánchez. Si únicamente se está pidiendo comprobar que la instrucción de Sofía Puente no se apartó de la ley, ¿por qué convertir esa fiscalización en un ataque a la democracia?
Hay además un problema de confianza política que Pedro Sánchez no puede borrar pidiendo un acto de fe.
En abril aparecieron las imágenes inéditas del Comité Federal socialista de 2016, el célebre “Puerto Hurraco”. Una urna preparada detrás de una mampara para intentar imponer una votación secreta provocó entonces acusaciones de “pucherazo” dentro del propio PSOE. Emiliano García-Page habló años después de un “intento de pucherazo cutre” y antiguos dirigentes socialistas denunciaron aquella maniobra interna. No demuestra nada sobre la Ley de Nietos, pero explica por qué una discusión sobre garantías electorales no se resuelve simplemente diciendo “confíen en nosotros”.
Tampoco ayuda el contexto posterior de Ferraz. La UCO detectó pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García sin correspondencia completa con la documentación entregada inicialmente por el PSOE, mientras mensajes intervenidos hablaban de sobres recogidos en la sede. El partido defendió que eran reembolsos de gastos ordinarios y sus responsables negaron que existiera una caja B. Otra vez la misma diferencia: confianza política frente a comprobación documental.
Guadalupe Sánchez conecta todo eso con el voto CERA, el voto por correo del 23J, los antecedentes de compra de votos investigados en Melilla, las nuevas nacionalidades procedentes de Cuba y Argentina, el caso de Tres Cantos y los problemas para determinar en qué circunscripción debe votar alguien que vive a miles de kilómetros de España.
No hace falta comprar ninguna teoría de pucherazo para entender el problema.
Si una ley dice una cosa y una instrucción administrativa permite otra, hay que comprobarlo. Si millones de expedientes pueden acabar produciendo efectos electorales, hay que saber con qué documentación. Y si el Gobierno considera escandaloso que el Supremo revise el procedimiento, también tendrá que explicar por qué está intentando convertir una revisión jurídica en una batalla política contra los jueces.
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