Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones generales para el 29 de noviembre y antes de
entrar en campaña, merece la pena recordar cómo empezó esta legislatura. ¿Recordabas
que en julio de 2023 Junts era la llave, la amnistía todavía se negaba y Ábalos era diputado?

El 23 de julio Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones con 137 escaños frente a los 121 del PSOE, pero el reparto parlamentario dejó a Pedro Sánchez con una posibilidad: reconstruir una mayoría con Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG y los siete diputados de Junts. El voto CERA terminó de convertir al partido de Carles Puigdemont en imprescindible. Tres años después, Junts ha sido también quien ha terminado de romper esa mayoría tumbando junto a PP y Vox los dos decretos de vivienda que precedieron al adelanto electoral.

Entre una cosa y otra queda una legislatura difícil de resumir sin volver a la hemeroteca. En campaña, Sánchez y distintos dirigentes socialistas rechazaban la amnistía. En septiembre Yolanda Díaz viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont. En octubre Sánchez empezó a defender la medida y el 9 de noviembre PSOE y Junts cerraron el acuerdo de investidura. RTVE resumía entonces el giro de forma bastante clara: antes del 23J todo el PSOE rechazaba la amnistía; después de las elecciones cambió la posición.

El pacto con Junts introdujo además otra palabra que en noviembre de 2023 todavía provocaba un escándalo considerable: «lawfare». El acuerdo contemplaba comisiones parlamentarias para estudiar posibles casos de judicialización de la política. El CGPJ y las asociaciones de jueces y fiscales advirtieron de una posible intromisión en la independencia judicial. El PSOE respondía que el Parlamento no iba a revisar sentencias ni a fiscalizar a los jueces.

Todo eso ocurría cuando Santos Cerdán era conocido sobre todo como el secretario de Organización que viajaba a Bruselas para cerrar el pacto con Puigdemont; José Luis Ábalos seguía sentado como diputado socialista y la UCO apenas formaba parte de la conversación política diaria. La propia cronología de aquellos meses resulta difícil de recordar hoy sin mezclarla con todo lo que vino después.

Desde entonces el contexto ha cambiado por completo. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación para empleo público por prevaricación administrativa, aunque resultó absuelto del delito de tráfico de influencias. El Tribunal Supremo confirmó también la condena al ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.

Y mientras todo eso sucedía, el Gobierno no consiguió aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. España ha llegado a 2026 todavía trabajando sobre la estructura presupuestaria aprobada para 2023 y prorrogada sucesivamente. El propio Senado recoge oficialmente la prórroga del presupuesto de 2023 para este ejercicio.

La comparación con el comienzo de la legislatura explica bastante bien el punto en el que estamos. Junts entró en noviembre de 2023 comprometiéndose a facilitar la investidura de Sánchez y a dar estabilidad al mandato. En octubre de 2026 ha votado contra los decretos de vivienda del Gobierno y Miriam Nogueras acusa ya al PSOE de pensar más en el cálculo electoral que en negociar una solución. Sánchez ha respondido disolviendo las Cortes y convocando elecciones para el 29 de noviembre.

Ahora vuelven Feijóo, Sánchez, Vox, Junts, Puigdemont, Sumar y toda la maquinaria electoral. El PSOE quiere llevar la campaña al terreno de la vivienda, los derechos sociales y el miedo a un Gobierno de PP y Vox, y Feijóo presenta las elecciones como el final del sanchismo.

Antes de empezar a escuchar los nuevos eslóganes, merece la pena recordar cómo empezó todo. Ayuda bastante a entender cómo hemos llegado hasta aquí.

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