La secta del Lawfare (véase Moncloa, el PSOE, TVE, la SER…) tiene un problema. El juez
Peinado ha acabado la instrucción, Begoña va a a ir a juicio pero será un jurado popular el
que la condene o la absuelva. O sea, ya no habrá fachas con toga al menos con la Pichona.

El caso Begoña Gómez ha cambiado de fase: ya no depende solo del juez Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que la esposa de Pedro Sánchez sea juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados a la cátedra de la Universidad Complutense y al papel de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Al mismo tiempo, la Audiencia ha retirado medidas cautelares como la entrega del pasaporte y ha dejado fuera parte de los delitos que Peinado mantenía vivos. El resultado es incómodo para todos: el Gobierno puede celebrar que la instrucción ha sido corregida, pero no puede decir que la causa se haya caído.

La Moncloa insiste en el mismo marco: lawfare, persecución política, denuncia construida con recortes y ataque a Pedro Sánchez a través de su mujer. Félix Bolaños ha calificado la instrucción de “anómala” y sostiene que el caso se va deshaciendo por el camino. El PSOE repite que no hay delito y que Begoña Gómez acabará absuelta. Pero esa versión tropieza con un dato básico: la decisión de llevarla a juicio no la sostiene ya solo Peinado. La Audiencia ha intervenido, ha recortado, ha corregido y aun así mantiene indicios suficientes para que el asunto llegue a un jurado.

El jurado popular cambia el terreno. El relato del Gobierno funciona mejor contra “jueces de derechas” que contra ciudadanos elegidos por sorteo. Durante dos años el sanchismo ha presentado cada avance judicial como una maniobra de magistrados politizados, Guardia Civil hostil, pseudomedios y asociaciones ultras. Ahora Begoña Gómez tendrá que explicar ante ciudadanos comunes por qué una asesora pagada por Moncloa gestionaba asuntos privados de su cátedra, por qué empresas como Telefónica, Google o Indra aparecen alrededor del proyecto, qué pasó con el software de la Complutense y qué relación tuvo todo eso con su condición de esposa del presidente.

Ese juicio será técnico, pero políticamente brutal. Tráfico de influencias y malversación no se explican con una frase de mitin. Habrá que hablar de correos, reuniones, patrocinios, funciones de Cristina Álvarez, la creación de la cátedra, los avisos de la Universidad, el papel de Joaquín Goyache y las cartas de recomendación a Juan Carlos Barrabés. Las acusaciones intentarán probar que la posición institucional de Begoña Gómez abrió puertas que no se habrían abierto para una ciudadana corriente.

La elección del jurado puede convertirse en un espectáculo propio. Cada ciudadano seleccionado llegará a un caso hiperpolitizado, con el Gobierno, el PSOE, la oposición, los medios y las redes mirando cada gesto. El tribunal del jurado está pensado para que ciudadanos juzguen hechos, no para resolver una guerra cultural sobre Sánchez. Pero será difícil aislar el proceso de una legislatura marcada por Begoña Gómez, David Sánchez, el fiscal general, Ábalos, Koldo, Cerdán, Aldama, Leire Díez y Zapatero.

Ahí está la paradoja. El Gobierno lleva meses diciendo que la justicia no entiende a la gente y que la gente no entiende lo que hacen los jueces. Ahora será la gente la que escuche el caso. Si el jurado absuelve, Sánchez lo presentará como prueba final del lawfare. Si condena, el PSOE tendrá que decidir si acusa también al jurado popular de formar parte de la conspiración.

El calendario puede ser decisivo. La causa apunta a un juicio en 2027, el mismo año en que termina la legislatura si Sánchez aguanta hasta el final. Eso convierte el proceso en una bomba electoral: un juicio a la esposa del presidente, con jurado popular, en plena cuenta atrás hacia las urnas. Sánchez controla la fecha electoral, pero no controla el calendario judicial. Y cuanto más se acerquen ambos relojes, más difícil será separar defensa penal, estrategia de partido y supervivencia política.

El caso no está juzgado. Begoña Gómez conserva la presunción de inocencia y la Audiencia ha corregido excesos importantes de Peinado. Pero el Gobierno tampoco puede reducirlo todo a una caricatura. La causa sigue porque hay indicios que varios tribunales han considerado examinables. Lo nuevo no es que Peinado insista. Lo nuevo es que el caso sale de su juzgado y se acerca a una sala donde el veredicto no lo firmará un magistrado señalado en tertulias, sino un grupo de ciudadanos.

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