Hanan Alcalde se enfrenta a Luisa, una vecina de Ceuta, por las acusaciones de racismo
durante la crisis migratoria. La activista culpa al Gobierno de Ceuta de dejar a menores
migrantes en la calle y pide solidaridad para todos menos para los habitantes de Ceuta.

Esta maána en Espejo Público de Antena 3, Hanan Alcalde y Luisa protagonizaron un duro enfrentamiento por la crisis migratoria de Ceuta, la inseguridad y las acusaciones de racismo contra la población ceutí.

Mientras la activista defiende que los migrantes deben recibir comida, alojamiento y asistencia conforme a la ley. La vecina, de 90 años, rechaza que Ceuta sea racista y asegura que cristianos y musulmanes llevan décadas conviviendo con normalidad en la ciudad de las cuatro culturas.

La discusión comienza después de que un titular describa como “radicales” a miembros de una ONG que habían acudido a ayudar a los migrantes. Hanan Alcalde acusa a determinados medios y sectores políticos de fomentar la hostilidad y justificar los ataques sufridos por activistas y cargos públicos. Luisa responde que esas afirmaciones ofrecen una imagen falsa de Ceuta. Varios vecinos musulmanes se acercan para apoyarla.

Hanan Alcalde sostiene que la convivencia entre cristianos y musulmanes no permite negar la discriminación. Afirma que lleva 25 años vinculada a Ceuta y que su trabajo en atención social le ha permitido conocer lo que ocurre dentro de muchos hogares. Luisa insiste en que la mayoría de los vecinos se relaciona sin problemas y acusa a la activista de llamar racista a toda la ciudad. El desacuerdo enfrenta dos explicaciones: la existencia de racismo en Ceuta y la indignación de quienes se consideran señalados por protestar ante la inseguridad.

La situación de los menores migrantes ocupa el centro de las acusaciones de Alcalde. La activista responsabiliza al Gobierno de Juan Jesús Vivas de no utilizar todos los recursos disponibles para alojar a quienes continúan en playas y calles. También critica al Gobierno de España por la lentitud de las filiaciones y reclama más personal para identificar a los menores y trasladarlos a centros de protección en la Península. Según su planteamiento, las expulsiones inmediatas no pueden sustituir los procedimientos previstos por las leyes de extranjería, asilo y protección de la infancia.

Las denuncias por agresiones sexuales en Ceuta elevan la tensión. Durante las primeras semanas de la crisis se publicaron informaciones sobre 15 denuncias o investigaciones por presuntos delitos sexuales. Hanan Alcalde niega que el conjunto de los casos pueda atribuirse a los migrantes y asegura que entre los investigados había personas españolas y de otras nacionalidades. También denuncia posibles abusos y explotación sexual contra niñas migrantes sin alojamiento. Su posición es que la falta de protección aumenta el riesgo para los vecinos y para las mujeres y menores que permanecen en la calle.

El enfrentamiento cambia de asunto cuando se cuestiona si Hanan Alcalde reside en Ceuta o pasa la mayor parte del tiempo en Granada. Ella explica que ha trabajado en el área de salud mental granadina y que allí atiende a sus padres dependientes. Considera que hablar de su padrón y su vida familiar aparta el foco de la acogida de menores y de la responsabilidad de las administraciones. La crisis migratoria queda sustituida por una discusión sobre quién puede hablar en nombre de Ceuta.

La polémica mantiene plena actualidad. El 20 de septiembre, más de 1.000 menores migrantes continuaban en las calles de Ceuta pendientes de filiación y de una plaza de protección. La Ciudad Autónoma afirmaba que sus recursos estaban desbordados y el Gobierno central defendía el traslado y reparto entre comunidades. Mientras las administraciones discuten sus competencias, la inseguridad en Ceuta, las protestas contra la inmigración, la acogida de menores y las acusaciones de racismo continúan marcando la crisis.