Sánchez se quejó de la prensa y de las las tertulias.
Interior empezó a contar periodistas. Entre radio y televisión contó más de 280.
De todos esos, ¿sólo hay 61 a los que les llega el argumentario llega por WhatsApp?

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El Ministerio del Interior elaboró en 2024 un dosier de 54 páginas con 281 fichas correspondientes a 280 periodistas, tertulianos y colaboradores habituales de radio y televisión. El documento, titulado “Tertulianos. Radio y Televisión”, incorpora fotografías, medios en los que trabajan y valoraciones como “afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “centro izquierda” o “apoya al Gobierno”. Interior reconoce que existe, Marlaska asegura que fue un trabajo interno sin finalidad espuria y Pedro Sánchez afirma que lo desconocía y que le parece “muy poco apropiado”.

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación de oficio para aclarar la finalidad, la base jurídica y el tratamiento de datos relativos a opiniones políticas. Patxi López ha rechazado que se clasifique ideológicamente a periodistas, Gabriel Rufián ha calificado el dosier de “cutre” y Mónica García también se ha desmarcado.

La fecha importa. En junio de 2023, durante su entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, Sánchez aseguró que alrededor del 90% de los medios tenían orientación conservadora y denunció una desproporción entre tertulianos de derechas y progresistas. En diciembre volvió sobre el asunto durante la presentación de Tierra firme: preguntó dónde estaba “ese 30% de tertulianos progresistas” y habló de un problema de pluralismo político. El dosier de Interior se confeccionó después, en 2024, y cuantificó quién aparecía en las tertulias y cómo era clasificado políticamente.
Eso no demuestra que Sánchez ordenara realizarlo ni convierte las 280 fichas en una “lista negra” en sentido estricto. El propio contenido incluye perfiles favorables, moderados y críticos con el Gobierno. La pregunta es por qué una oficina de comunicación de un ministerio necesitaba registrar la supuesta afinidad política de cientos de periodistas y para qué se utilizó ese mapa.

A la vez, Javier Chicote ha publicado en Artículo 14 un argumentario distribuido por WhatsApp a cargos públicos del PSOE, a quienes intervienen en medios, para defender la gestión de Ceuta. El texto presenta a Sánchez como un “líder internacional”, sostiene que distintos poderes extranjeros quieren su cabeza, pide mantener la neutralidad con Marruecos, minimizar las voces internas discrepantes y movilizar a pensionistas y perceptores de ayudas frente a una posible llegada de PP y Vox.
Una cosa es elaborar argumentarios, práctica habitual en los partidos. Otra es que exista simultáneamente un documento oficial que clasifica a quienes ocupan las tertulias según su relación con el Gobierno. No hay prueba pública de que ambas herramientas estuvieran conectadas, pero las dos noticias explican por qué la polémica va bastante más allá de una lista de nombres.

Además existe un tercer número: 61. En el sumario del caso Leire Díez, el abogado Jacobo Teijelo presume ante ella de haber enviado material a sus “61 periodistas habituales” y de haber hablado ya con más de una docena. La UCO incorporó esos mensajes a la investigación. No se conoce una lista completa de esos 61 y no hay base para identificar automáticamente a los periodistas del dosier de Interior con los contactos de Teijelo.
El contexto televisivo tampoco es menor. Sánchez dio ayer su primera entrevista en televisión tras la crisis de Ceuta en Mañaneros 360, con Jesús Cintora y Esther Palomera, dos profesionales incluidos en el dosier. El Consejo de Informativos de RTVE había denunciado un día antes que esa entrevista se realizara en un espacio coproducido por una empresa externa y calificó la decisión de “sin precedentes y de extrema gravedad”.

Tres años después de aquella discusión con Pablo Motos, hay un documento oficial de Interior, una investigación de Protección de Datos, argumentarios enviados a quienes acuden a los medios y un sumario judicial donde aparecen “61 periodistas habituales”.

Son piezas distintas, pero todas terminan en la misma pregunta: quién construye el relato político y con qué herramientas.

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