España afronta el tercer año consecutivo con los Presupuestos Generales del Estado
prorrogados, pero estos no impide que el Estado siga moviendo miles de millones en
decretos y acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros. Hagan zoom, pagan ustedes.

El debate público suele concentrarse en los grandes titulares: cuánto suben las pensiones, cuánto recibe Defensa, qué ayuda se anuncia después de una catástrofe o qué prestación propone un ministerio. Mucho menos visible es la suma de decisiones menores que construyen el gasto real. Cada partida puede parecer razonable por separado. El problema aparece al reunirlas, seguir su recorrido y comprobar si alguien ha medido sus resultados.

Pablo Cambronero se dedica precisamente a eso. Exdiputado de Ciudadanos y autor de la serie “Hagan zoom, pagan ustedes”, revisa el BOE, la Base de Datos Nacional de Subvenciones y las referencias semanales del Consejo de Ministros. No descubre documentos secretos: ordena información pública que casi nadie lee. En esos documentos aparecen proyectos internacionales, subvenciones directas, costes administrativos, programas de formación, organismos intermediarios y modificaciones presupuestarias que rara vez ocupan una portada.

La regularización extraordinaria de inmigrantes ofrece un ejemplo reciente. El Gobierno la presentó como uno de los grandes hitos de la legislatura y el proceso terminó registrando 1.174.978 solicitudes, más del doble de la previsión inicial de medio millón. La medida permitió incorporar a cientos de miles de personas al mercado laboral y contribuyó al récord de afiliación a la Seguridad Social. También exigió personal, horas extraordinarias, entidades colaboradoras, programas específicos y nuevas transferencias para tramitar un volumen que el Ejecutivo no había calculado públicamente.

El asunto no consiste en negar el derecho de esas personas a trabajar ni en presentar cada gasto migratorio como un escándalo. Consiste en saber cuánto cuesta ejecutar una política, quién recibe los fondos, qué parte llega al beneficiario y qué parte se queda en la estructura administrativa. Una transferencia de unos pocos millones puede parecer irrelevante dentro del presupuesto nacional. Sumada a convocatorias de empleo, formación, acogida, integración y asistencia, permite conocer el coste completo de una decisión que normalmente se comunica solo mediante sus objetivos.

La cooperación internacional plantea el mismo problema. En junio se aprobó un nuevo sistema de concesión directa de subvenciones de la AECID para entidades consideradas estratégicas. España financia proyectos sanitarios, educativos, humanitarios, ambientales y culturales en América Latina, África, el Magreb y Oriente Próximo. Muchos son necesarios. Otros presentan descripciones tan genéricas que resulta difícil saber qué transformación concreta debe producir el dinero.

El control formal existe: memorias, justificantes, auditorías, Intervención General, AECID y Tribunal de Cuentas. La duda está en la trazabilidad material. No basta con demostrar que una cantidad salió legalmente de una administración y llegó a una ONG, una fundación o un organismo internacional. Falta comprobar qué obra se terminó, cuántas personas fueron atendidas, qué problema se resolvió y si el resultado justificaba el coste.

A esa opacidad se añade la fragmentación. El Estado tiene su política de cooperación, pero también gastan comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos públicos. Distintas administraciones pueden financiar programas parecidos, contratar estructuras propias y utilizar intermediarios diferentes. La finalidad puede ser legítima y, al mismo tiempo, el sistema resultar redundante, caro y difícil de fiscalizar.

Algo parecido ocurre dentro de España. Ministerios, delegaciones territoriales, organismos autónomos, empresas públicas y administraciones superpuestas mantienen sedes, personal y competencias que con frecuencia se solapan. Defender los servicios públicos no obliga a defender cada estructura creada alrededor de ellos. Al contrario: quien quiere una sanidad, una educación y unas pensiones sostenibles debería ser especialmente exigente con el dinero perdido en duplicidades, burocracia y subvenciones sin evaluación.