El Gobierno dice que prohíbe por fin el SAP como si acabara de derrotar a un dragón medieval.
En realidad llevan años legislando sobre divorcios, custodias y violencia de género con un mapa
moral dibujado de antemano. Ahora sólo toca escribir en el BOE que las malas madres no existen.

La nueva reforma de la Ley de Infancia impulsada por el Gobierno de Sira Rego reabre una de las guerras culturales y judiciales más delicadas de la política española: síndrome de alienación parental, violencia vicaria, custodia compartida, escucha del menor, divorcios conflictivos y el papel real que juegan los niños en los procesos judiciales.

El Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el 5 de mayo de 2026 una ampliación de la LOPIVI que obliga a escuchar a los menores en todos los procedimientos que les afecten, sin límite de edad, refuerza la prohibición expresa del llamado SAP y endurece las condiciones para acordar o mantener una custodia compartida cuando pueda afectar al bienestar físico o emocional del menor.

La gran novedad política y mediática está en la prohibición expresa del SAP, el llamado síndrome de alienación parental, que el Ministerio de Juventud e Infancia y el entorno gubernamental presentan como una pseudoteoría usada para desacreditar a madres, niños y niñas en procedimientos de familia. Sira Rego ha llegado a afirmar que España será el primer país del mundo en eliminar por ley el uso del “falso síndrome de alienación parental”.

La reforma no se queda ahí. También elimina el límite de edad para escuchar al menor, crea turnos de oficio especializados en infancia y adolescencia, y mete cambios muy sensibles en custodia compartida, un terreno donde cualquier ajuste legal acaba teniendo consecuencias enormes en juzgados y familias.

El Gobierno enmarca todo esto como una ampliación de derechos y una respuesta a la violencia institucional que, según su diagnóstico, todavía sufren muchos menores dentro del sistema judicial.

Por eso esta discusión ya no va solo del SAP. Va del modelo entero con el que se está regulando la infancia en España. Va de si un menor de tres, cuatro o cinco años debe ser escuchado siempre en sede judicial. Va de cómo se interpreta una mala separación, una manipulación emocional, un conflicto de lealtades o un rechazo hacia uno de los progenitores. Y va también de una cuestión que cada vez aparece más en el debate público: si el sistema está legislando con una idea previa de quién protege y quién daña, y si esa mirada está desequilibrando por completo el terreno de las custodias, las denuncias cruzadas y los procedimientos de familia.

Es un conflicto frontal sobre cómo entiende el Estado a los niños, a las madres, a los padres y al poder judicial cuando una familia se rompe. Por eso sorprende tanto que esta reforma no esté generando mucho más ruido.

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