Muy poco después de mi intervención en la comisión de la mujer en la asamblea de la CAM, doña
Lupe Sánchez daba una noticia fantástica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido
a trámite un recurso al Tribunal Constitucional que puede sacudir nuestra legislación feminista.

Hay días en que una noticia pequeña, de esas que no abren telediarios ni levantan maratones de opinión en la radio, mueve más cimientos que veinte discursos solemnes. Y esta va por ahí.

Porque mientras en la Asamblea de Madrid despachaban a Juan Soto Ivars con eso de “tu libro es un panfleto”, “un trabajo de la ESO hecho con ChatGPT por un vocero de la ultra derecha” y demás coreografía de superioridad moral, en Europa ha pasado algo mucho más serio: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite una denuncia vinculada al uso instrumental de una denuncia por violencia de género, la custodia de un menor y una resolución del Tribunal Constitucional español que dejó un olor bastante raro. Muy raro.

La historia es de esas que, si te la cuentan mal, parece un pleito doméstico más. Un niño movido de Vitoria a Coruña sin consentimiento del padre, una amenaza de denuncia, una conversación grabada entre la abogada de la madre y un amigo común, una denuncia de violencia de género que describe una escena salvaje supuestamente provocada por un bombero con dos hernias y una lesión lumbar que apenas podía levantarse del sofá.

Aunque la denuncia se caiga, aunque la orden de protección se niegue, aunque en el caso haya pruebas evidentes de chantaje, la simple existencia de la denuncia ya produce efectos civiles, familiares, biográficos. Ese es el corazón del asunto.

Este es el punto importante: qué pasa cuando la mera denuncia pesa más que la realidad, más que la absolución, más que el contexto, más que el niño. Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional viene a decir, en la práctica, que la madre denunciando ya entra en el papel de víctima y que ese papel le da una fuerza tremenda en una pelea por la custodia y el domicilio del menor incluso aun cuando ella ya desista de pelear por su propio hijo.

No estamos hablando solo de ideología, ni solo de feminismo institucional, estamos hablando de cómo funciona el edificio legal español en violencia de género.

Por eso esta admisión a trámite en Europa tiene tanta miga. Porque no corrige un detalle: pone foco en una arquitectura entera. Y eso puede acabar siendo muy incómodo para las leyes feministas que tenemos en España.

Llevamos años escuchando que las denuncias falsas “no existen”, que la instrumentalización es un bulo de resentidos, que si hay archivo o absolución eso no significa nada, que todo cuestionamiento del sistema es machismo con corbata o con micrófono. Bien. Ahora resulta que Estrasburgo, que no es precisamente el bar de la esquina ni un canal de ultras en Telegram, considera que el asunto merece mirarse.

Y todo gracias a Lupe Sánchez, la abogada que ha llevado el caso a Europa, esa figura que para el feminismo oficial entra ya en la categoría de criatura mitológica: mujer, pero no del todo; jurista, pero mala; defensora de la presunción de inocencia, luego hereje.

Lupe ha conseguido un unicornio jurídico que casi nadie esperaba ver galopar. Y si esto sigue adelante, el golpe puede ser muy serio para el relato español sobre violencia de género, custodia, alienación parental, violencia vicaria, denuncia instrumental y presunción de inocencia. No porque Europa vaya a desmontarlo todo de golpe (ojalá el mundo funcionara así de rápido), pero un tirón de orejas del tribunal europeo de derechos humanos a España va a abrir debates que no se podrán cerrar con un “eso no existe”.