Estamos infravalorando a la UCO. No dejamos de oír hablar de sus informes, no dejamos de
ver el impácto de sus investigaciones sobre Sánchez, su gobierno y el PSOE y aun así poco
sabemos de ellos. Incorruptibles, incansables y honorables. Normal que les tengan miedo.

El Podcast completo: https://youtu.be/cSV0F2Ixswg?si=txOAuVTJJKcAM5Ti

La UCO estgá en el centro de la política española. Sus informes han marcado el caso Koldo, la caída de Santos Cerdán, las investigaciones sobre Ábalos, las derivadas de Leire Díez y varias piezas que afectan al entorno del PSOE. Pero la Unidad Central Operativa no nace para perseguir gobiernos ni para intervenir en guerras partidistas. Nace dentro de la Guardia Civil para investigar crimen organizado, terrorismo, secuestros, homicidios, blanqueo, corrupción, narcotráfico y delitos complejos.

La Guardia Civil arrastra una historia difícil en España. Durante la Transición todavía cargaba con la imagen del miedo, del uniforme verde, de los cuarteles señalados y del 23F. Pero también fueron los que más carne pusieron en el asador contra ETA con más de doscientos guardias civiles asesinados. Unas familias vivían bajo amenaza mientras las que ya habían suifrido las consecuencias veían como eran los mismos compañeros de los asesinados los que les pagaban los viajes a padres para asistir a funerales.

La UCO representa una versión extrema de una cultura centrada en el esfuerzo y sacrificio que implica cumplir un compromiso de honor para con su labor dentro del estado.
Añadidle discreción, disciplina y resistencia prácticamente heroicas. Y sobre todo desconfianza e incorruptibilidad. Obediencia sólo al juez y sospecha constante sobre cualquier presión o injerencia jerárquica.

Esa es una de las claves para entender por qué sus informes pesan tanto. La unidad no actúa como una tertulia ni como un gabinete político. Trabaja con documentación, seguimientos, teléfonos, sociedades, transferencias, agendas, mensajes, contratos y vínculos que luego deben sostenerse ante un juez.

Esa forma de trabajar viene de lejos. La liberación de José Antonio Ortega Lara, tras 532 días secuestrado por ETA en un zulo, sigue siendo uno de los episodios más importantes de la lucha antiterrorista. En aquel operativo tuvo un papel central Manuel Sánchez Corbí, después jefe de la UCO. La operación no fue solo intuición policial: fue paciencia, información acumulada, conocimiento del entorno etarra, colaboración difícil con Francia y una insistencia que terminó localizando el escondite cuando el registro parecía agotado.

También hubo mujeres guardias civiles en primera línea cuando ETA aún no concebía que una mujer pudiera ser agente. Esa ventaja permitió seguimientos, infiltraciones y operaciones en las que la apariencia de normalidad era una herramienta. La entrada de mujeres en la Guardia Civil y su papel en la lucha antiterrorista y en la UCO forma parte de una historia poco contada.

El presente de la UCO se entiende mejor con esa memoria. Cuando la unidad investiga contratos de mascarillas, rescates públicos, pagos, intermediarios, empresas pantalla o redes políticas, aplica la misma lógica con la que antes perseguía a comandos terroristas o redes criminales: seguir el rastro, no comprar relatos y desconfiar de todo lo que no pueda probarse. Por eso sus informes son tan incómodos cuando afectan al poder.

El caso Leire Díez ha añadido un elemento delicado: la sospecha de que pudo existir una campaña para desacreditar o entorpecer investigaciones de la UCO. En los últimos días han declarado mandos de la Guardia Civil y han aparecido notas internas sobre una posible operación contra la credibilidad de la unidad. La discusión ya no es solo qué investiga la UCO, sino si alguien intentó presionarla, condicionarla o ponerla bajo sospecha cuando sus investigaciones empezaron a acercarse al PSOE y al Gobierno.

Para el Gobierno y su entorno, cada informe incómodo puede acabar presentado como parte de una ofensiva política. Para la Guardia Civil, la cuestión es más simple: si hay indicios, se investigan; si hay documentos, se incorporan; si hay vínculos, se ordenan; si hay delitos, se trasladan al juez. Da igual si esa lógica alcanza a ministros, asesores, secretarios de Organización, empresarios próximos al poder o mediadores que se movían alrededor de rescates públicos.

La UCO no es infalible, ni está por encima del control judicial, ni debe funcionar como un poder autónomo. Pero su importancia actual está en que representa uno de los pocos espacios del Estado donde el relato pesa menos que la prueba. En un momento de ruido, filtraciones, campañas, acusaciones de cloacas y ataques cruzados, esa diferencia explica por qué la unidad se ha convertido en un actor central de la crisis política española.