[Juan Soto Ivars] (June 28, 2026) Soto Ivars: ¿Podemos Decir YA QUE Sánchez NOS Lleva A UNA Tiranía?
Al ataque al poder judicial ya estamos tristemente acostumbrados porque cada nuevo caso
o escándalo de corrupción del gobierno siempre acaba en lawfare o en conspiración de
“fachas con toga”. Pero lo peor es que no acaba ahí. Ahora al sanchismo desafía al congreso.
Pedro Sánchez llega al final de junio con dos frentes abiertos: los jueces y el Congreso. Porque ahora no sólo le molesta el poder jucicial, sino también el legislativo.
El primero avanza con causas que afectan al PSOE, a su Gobierno y a su entorno. El segundo acaba de aprobar una moción que le insta a someterse a una cuestión de confianza y a asumir responsabilidades políticas por los casos de corrupción. La iniciativa no obliga jurídicamente al presidente, pero sí deja una imagen clara: 178 diputados votaron a favor de la disolución del gobierno y de la convocatoria de elecciones generales.
La escena parlamentaria resume el problema de fondo. España no es un sistema presidencialista. El presidente no nace directamente de las urnas, sino de una mayoría parlamentaria. Esa mayoría fue la que permitió a Sánchez seguir en Moncloa tras la investidura. Si el Congreso deja de sostenerlo, no cae automáticamente salvo que prospere una moción de censura o él plantee una cuestión de confianza, pero mientras pasa eso lo que sufre es la instituciónque supuestaente representa la voluntad popular española.
La falta de Presupuestos refuerza esa idea. Sánchez ha intentado normalizar una legislatura sin nuevas cuentas, pero los Presupuestos son la principal ley política de un Gobierno. Marcan el proyecto, las prioridades y la capacidad real de mandar. Cuando un Ejecutivo no consigue aprobarlos, puede seguir administrando, pero realmente ni gobierna ni cuple con las exigencias constitucionales que el resto de ejecutivos hasta ahora sí tuvieron que cuplir.
A la vez, el Gobierno y sus terminales mediáticas mantiene una presión constante sobre el poder judicial. Luis García Montero publicó en El País que, por “rabieta”, metería todas las mañanas a “cuatro o cinco jueces” en la cárcel, aunque después matizaba que prefería resistir dentro de las contradicciones democráticas. Óscar Puente llamó “mocito feliz de la judicatura española” al juez Jesús Villegas por hacer una encuesta en redes sobre si convencían las explicaciones de Sánchez sobre la corrupción.
El Gobierno puede criticar resoluciones judiciales, y los jueces no están por encima del escrutinio público. Pero una cosa es discutir una sentencia o un auto, y otra convertir cada investigación en lawfare, cada informe policial en una maniobra y cada juez incómodo en un actor político al servicio de la derecha. Esa estrategia puede movilizar a los propios, pero debilita la confianza en las instituciones y en los polderes públicos para todos.
La misma tensión aparece en el Congreso. Cuando la Cámara aprueba una moción que pide al presidente someterse a una cuestión de confianza o dimitir, el Gobierno puede ignorarla porque no es vinculante. Pero no puede borrar el dato político: Sánchez ya no controla con estabilidad el Parlamento que lo hizo presidente. Junts vota con PP y Vox en asuntos clave, los socios se distancian, y el Ejecutivo intenta alargar la legislatura aunque su margen legislativo sea cada vez menor.
La corrupción es el telón de fondo. Ábalos y Koldo han sido condenados por el caso mascarillas; Santos Cerdán aparece arrastrado por la investigación; Begoña Gómez sigue bajo la causa de Peinado; Leire Díez ha abierto otro frente sobre las cloacas y la UCO; Zapatero está investigado por el caso Plus Ultra. Sánchez intenta separar cada asunto, pero el coste político se acumula porque todos los nombres giran alrededor del PSOE, del Gobierno o de su entorno.
Ahí está todo lo que molesta a Sánchez. Un poder judicial que investiga, una Guardia Civil que elabora informes, un Congreso que busca las vías para manifestar que quiere un cabio de gobierno.
El debate ya no es solo si Sánchez puede aguantar. La cuestión es cuánto puede tensarse un sistema parlamentario cuando al presidente sólo le queda el poder.
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