El Gobierno ya ha elegido palabra refugio: lawfare. Cada vez que aparece un informe de la
UCO, una imputación, una condena o una joya sin explicar, el foco sale del hecho investigado
y pasa al juez que lo investiga. La corrupción no es noticia. La desconfianza en la justicia sí.

El País y la Cadena SER publican una encuesta de 40dB en la que el 65,4% de los españoles cree que en España existe lawfare. La Vanguardia publica otro sondeo el mismo día en una dirección parecida: solo el 40% percibe que los jueces son imparciales. El Gobierno recoge el balón inmediatamente y pide al Poder Judicial que reflexione sobre su imagen. La frase suena institucional, pero el mensaje político es transparente: si la gente cree que hay persecución judicial, las causas contra el PSOE empiezan a parecer menos causas y más maniobras.

El problema es que esas encuestas no aparecen en un vacío. Aparecen después de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, de la tasación de sus joyas en 1,3 millones, de la condena de Ábalos a 24 años de cárcel, del caso Koldo, de las investigaciones a Santos Cerdán, del procesamiento de Begoña Gómez, del caso del hermano de Pedro Sánchez y de la imputación de la cúpula de la Guardia Civil en el caso Leire Díez. En otras palabras: cuando el PSOE está rodeado de sumarios, la conversación pasa a ser si los jueces tienen sesgo.

La encuesta tiene un dato especialmente útil para el Gobierno: los ciudadanos desconfían más de la justicia cuando se trata de asuntos políticos. Ahí está la clave. Para un pleito laboral, una causa civil o un procedimiento ordinario, la justicia genera más confianza. Para los escándalos políticos, cae. Y eso permite construir el marco perfecto: no hay que explicar cada caso, basta con sembrar la sospecha general sobre todos.

Pero los casos siguen ahí. Ábalos no está condenado por un titular de prensa, sino por el Tribunal Supremo. La sentencia le impone 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso mascarillas. Víctor de Aldama, delincuente confeso y colaborador útil, recibe cuatro años y medio con la atenuante muy cualificada de colaboración. Eso no es una percepción. Es una condena.

Zapatero tampoco aparece por una tertulia. La investigación de Plus Ultra ha abierto una pieza sobre joyas valoradas en 1,3 millones halladas en su despacho, con Hacienda personada como perjudicada. Además, el expresidente sigue dentro del perímetro de Análisis Relevante, Julio Martínez, los pagos a su entorno familiar y el rescate público a la aerolínea.

Begoña Gómez y David Sánchez completan el cuadro familiar. El juez Peinado ha procesado a la esposa del presidente por cuatro delitos y ha adoptado medidas cautelares que el Gobierno presenta como desproporcionadas. La causa del hermano de Sánchez también aparece en el radar de las encuestas. Ahí el PSOE encuentra terreno emocional: madre, graduación, pasaporte, familia, ataque personal. La estrategia consiste en que el ciudadano mire la medida cautelar antes que el fondo del procedimiento.

El caso Leire Díez añade otra capa. No se trata solo de una exmilitante socialista grabada hablando de cloacas. La causa ya ha llevado a la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, y de Manuel Llamas, DAO del cuerpo, por prevaricación y obstrucción a la justicia. Anticorrupción ve indicios de que se pudieron usar informaciones reservadas para presionar a miembros de la UCO.

La gran habilidad del PSOE ha sido ordenar todos esos incendios bajo una misma palabra. Lawfare sirve para Zapatero, para Begoña, para Leire, para Montero, para Cerdán y para cualquiera que venga después. No importa que unas causas estén más avanzadas que otras, que unas tengan condena y otras solo instrucción, que unas afecten a familiares y otras a cargos orgánicos. La palabra iguala todo. Hace que una sentencia del Supremo y una imputación inicial entren en la misma niebla.

La encuesta demuestra que la campaña funciona. Si durante meses repites “jueces fachas”, “golpe judicial”, “lawfare” y “máquina del fango”, una parte del público acaba leyendo cada resolución judicial como un capítulo de persecución. No porque conozca el sumario, sino porque ya tiene el marco mental preparado. El dato no absuelve a nadie. Solo muestra que el relato ha penetrado.

Y esa es la trampa. Mientras se discute si los jueces son de derechas, el PSOE acumula condenados, imputados, investigados, familiares bajo sospecha, exministros caídos, empresarios colaboradores, informes de la UCO, piezas fiscales y explicaciones cada vez más difíciles. La noticia no es que muchos españoles crean en el lawfare. La noticia es que el partido del Gobierno necesita que lo crean.