[Juan Soto Ivars] (July 6, 2026) LA Nueva Ketty Garat Destapa EL 3% DEL Psoe

“Eso no es nada, Chiqui” sigue retratando a la perfección el estado mental de la política española en 2026. En el menú del PSOE de hoy tenemos un 3%, una comisión, un primo y un
edificio público de 204 millones. Lo que Óscar Puente y el gobierno tildarán de bulo en 3, 2, 1

La última eclusiva de Teresa Gómez en The Objective apunta a María de Molina 50, la antigua sede de Hacienda en Madrid. Un edificio público, una joya inmobiliaria en pleno barrio de Salamanca, que terminó adjudicado en subasta a Grupo Lar y BlackRock por 204,7 millones de euros. No hablamos de una oficina perdida en un polígono. Hablamos de uno de los activos inmobiliarios más golosos del Estado.
El inmueble llevaba años intentando venderse, había tenido subastas fallidas, recursos y batalla legal entre licitadores. .

Según The Objective, un testigo asegura que durante los movimientos previos a la operación se le pidió una comisión del 3% para un “primo” de María Jesús Montero. La mecánica que describe es muy reconocible: un intermediario recibe el activo, lo mueve entre fondos, aparece un comprador interesado, se habla de carta de intenciones, de pliego, de honorarios y de quién debe pagar la intermediación. Como Hacienda no paga comisiones, la comisión la asumiría el comprador. Y en medio, según ese testimonio, aparece el famoso 3%.

La acusación todavía debe probarse. No hay condena, no hay imputación de Montero por este asunto y el relato depende por ahora de un testigo. Pero el contexto pesa. Porque el caso llega después de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Carmen Pano, la SEPI, Plus Ultra, Zapatero, Leire Díez y una secuencia de investigaciones donde siempre aparece la misma estructura: alguien con acceso al Estado, alguien que intermedia, alguien que cobra o pretende cobrar, alguien que invoca al partido, una empresa pública o un ministerio de fondo y una operación con dinero público.

El caso Carmen Pano sirve como aviso. Primero parecía otra historia inverosímil: una empresaria que decía haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz. Después declaró ante notario. Luego ratificó ante el juez que la abogada de Koldo le habría ofrecido dinero para cambiar su versión. Cada vez que aparece un testigo incómodo, la primera reacción del aparato mediático afín es la misma: bulo, montaje, pseudomedio, invento de la derecha. El problema es que algunas de esas historias acaban convertidas en diligencias judiciales.

Lo de María de Molina 50 encaja especialmente mal para María Jesús Montero. No solo porque el edificio dependía de Hacienda, sino porque Montero ha construido buena parte de su personaje político como guardiana de lo público, azote fiscal de los ricos y administradora seria del dinero común. Si alrededor de una venta del Ministerio aparece una supuesta comisión para un familiar, el golpe simbólico es perfecto: el ministerio que recauda, la ministra que sermonea y el primo que supuestamente espera su 3%.

La actualidad del PSOE no ayuda a desactivar la sospecha. Santos Cerdán acaba de publicar un libro donde se presenta como víctima de un relato, pero los informes de la UCO lo sitúan en el centro de la trama Koldo. La SEPI atraviesa una crisis monumental con sus tres presidentes de la era Sánchez investigados o imputados. Zapatero tiene abiertas inspecciones fiscales a su entorno familiar y empresarial dentro del caso Plus Ultra, además de la pieza de las joyas. Y Leire Díez ha convertido el intento de desacreditar a la UCO en una causa que ya toca la cúpula de la Guardia Civil.

Visto así, el presunto 3% del primo de Montero no parece ya ni una noticia. Aparece como una pieza más de un ecosistema. La corrupción clásica era un sobre, un contrato, una mordida. La corrupción contemporánea tiene más capas: sociedades, intermediarios, fondos, rescates, comisiones, cartas de intenciones, informes, consultoras, primos, asesores, chóferes, exministros, exsecretarios de Organización y expresidentes.

El PSOE llegó al poder prometiendo limpiar la corrupción del PP. Ocho años después, la pregunta ya no es si hay casos aislados. La pregunta es cuántos rincones del Estado han sido usados como zona de negocio. Transportes, Hacienda, SEPI, empresas públicas, rescates, ministerios, Ferraz, Telefónica, Plus Ultra, Venezuela, Cuba, obra pública, mascarillas, hidrocarburos. La lista empieza a parecer menos una sucesión de accidentes y más una forma de gobierno.

El caso de María de Molina 50 debe demostrarse. Pero políticamente ya hace daño porque ahora tienen que volver a activar todo el procedimiento de Insultar a Teresa Gómez, al Objective y de paso seguro que les cae algo a los jueces.