[Juan Soto Ivars] (September 24, 2026) Hay MÁS Carroñeros que Fondos y MÁS Desahucios que Pancartas
Maricarmen ha sido desahuciada a sus 87 años del piso de Retiro donde vivía desde 1956, pese a pagar el alquiler religiosamente. Irene Montero se enfrentó con la policía y Pedro
Sánchez anuncia medidas urgentes cuando ya se ha consumado el desahucio. Todo mal.
El desalojo del 23 de septiembre convirtió un litigio de renta antigua en un acontecimiento político y mediático. El Sindicato de Inquilinas acampó ante el portal, Ana Belén recitó «Desahucio» de Rafael Alberti y adaptó «La Puerta de Alcalá», mientras Ismael Serrano, Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Inés Hernand e Ignatius respaldaban la protesta. La Policía retiró a quienes bloqueaban la entrada y Maricarmen salió en camilla hacia el Hospital Gregorio Marañón.
Pablo Fernández, portavoz de Podemos, apareció al día siguiente en «En boca de todos» y aseguró que los agentes le habían golpeado. Dijo sentir «rabia e impotencia» y reprochó que se dudara de sus lesiones porque pudiera participar en televisión. Irene Montero exigió hablar con el mando policial invocando su condición de eurodiputada; un agente le respondió que era «una ciudadana como el resto».
El padre de Maricarmen firmó el contrato en 1956; después se subrogó su madre y, tras su muerte en 2005, lo hizo ella. La Ley de Arrendamientos Urbanos limita esa segunda subrogación a dos años, salvo que el descendiente tenga una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene reconocido un 50%. Un juzgado aceptó inicialmente su continuidad, pero la Audiencia Provincial revocó la decisión y el Tribunal Supremo confirmó que el contrato estaba extinguido.
Eso explica la legalidad del lanzamiento, pero no resuelve su dimensión moral. Maricarmen nunca dejó de pagar los cerca de 500 euros mensuales ni entró en la casa sin título. La finca fue vendida en 2018 a Renta Corporación y el piso terminó en manos de Urbagestión. La propiedad ofreció un alquiler de 1.650 euros, superior a la pensión de la inquilina, y rechazó tanto la oferta de Casa 47 para adquirir la vivienda como las últimas mediaciones del Ministerio.
La tesis es sencilla: una vivienda con una inquilina de renta antigua se compra más barata precisamente porque no está disponible. Si el inversor obtiene esa ventaja, debería asumir también el tiempo de espera que la justifica. La sentencia permitía recuperar el piso, pero el resultado elimina la carga utilizada para abaratar la operación y expulsa a una mujer que cumplió durante décadas. No es ocupación; es una compraventa especulativa amparada por una ley que nadie corrigió a tiempo.
La crítica alcanza también al espectáculo levantado alrededor de Maricarmen. Los artistas y el Sindicato de Inquilinas dieron visibilidad a un dolor real. El problema aparece cuando PSOE, Sumar y Podemos convierten ese dolor en material contra Isabel Díaz Ayuso mientras el Gobierno central lleva años legislando sobre vivienda y el decreto que podía reforzar la protección seguía sin aprobarse. Patxi López destaca ahora que el Ministerio intentó comprar el piso; una gestión fallida no sustituye una norma capaz de evitar el desahucio. También se reprocha a esos movimientos que apenas aparezcan cuando la vulnerable es una propietaria mayor atrapada por un moroso.
La ONU había pedido suspender el desalojo o proporcionar una alternativa habitacional mientras estudiaba el caso. Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno se pasaron la responsabilidad, Urbagestión rechazó negociar y el cuarto intento terminó ejecutándose. Ahora Sánchez habla de «tragedia social», Isabel Rodríguez acusa a los especuladores y Sumar reclama expropiar la vivienda. Todos llegaron a tiempo para la fotografía, la bronca o la promesa. Para impedir que Maricarmen saliera de su casa llegaron tarde.