[Juan Soto Ivars] (July 28, 2026) NO, NI Sánchez NI EL Psoe HAN Calculado MAL LA Regularización Migratoria

Pedro Sánchez ha cerrado hoy el curso político con los incendios ocupando casi todo el foco.
Es lógico que el fuego mande ahora, pero mientras la actualidad mira al humo, otro asunto
de sigue generando inquitantes titulares: la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Desde Moncloa ha pedido un pacto de Estado frente a la emergencia climática, ha anunciado ayudas para las zonas afectadas y ha resumido el momento con una frase pensada para abrir telediarios: “el negacionismo es el peor combustible”. Hay grandes incendios activos, daños en varias comunidades y una reconstrucción por delante. Pero otro asunto decisivo de este curso ha terminado de materializarse casi sin debate: la regularización extraordinaria de inmigrantes.

El Gobierno anunció inicialmente que la medida beneficiaría a unas 500.000 personas. El plazo se cerró con 1.174.978 solicitudes, más del doble. De ellas, unas 240.000 corresponden a solicitantes de asilo, por lo que el proceso deja también una estimación indirecta de cerca de 935.000 personas en situación irregular. No estamos ante una desviación menor. Es una política de Estado calculada para medio millón que termina recibiendo más de un millón de expedientes.

María Miyar, investigadora de Funcas especializada en inmigración, reduce las posibles explicaciones a tres: el Gobierno calculó mal, no calculó o conocía una cifra superior y comunicó otra menor para reducir el coste político. La primera sería negligencia; la segunda, improvisación; la tercera, engaño. El problema es que otros organismos sí se aproximaron. Funcas había estimado una cifra cercana a la finalmente registrada y fuentes policiales situaban el volumen potencial entre uno y 1,3 millones. El Estado disponía de padrón, datos de extranjería y estimaciones suficientes. Por eso cuesta aceptar que todo sea un simple error aritmético.

A esa diferencia se añade una información publicada a partir de fuentes de la Policía Nacional: al menos 400.000 solicitantes podrían no haber residido en España durante el periodo exigido y habrían llegado desde otros países europeos atraídos por el proceso. Esa cifra no procede de un informe policial público y ha sido cuestionada por entidades especializadas, por lo que debe tratarse como una estimación atribuida a fuentes de Extranjería, no como un hecho cerrado. Precisamente por su gravedad exige una explicación oficial.

La cuestión no es reducir a más de un millón de personas a una amenaza ni negar la legitimidad de quien busca una vida mejor. El problema está en aprobar una transformación demográfica sin presentar al mismo tiempo un plan territorial, sanitario, educativo y de vivienda. ¿Dónde se concentrarán los nuevos residentes? ¿Qué centros de salud absorberán la demanda? ¿Qué colegios necesitarán refuerzo lingüístico? ¿Qué municipios recibirán financiación adicional? ¿Qué impacto tendrá la reagrupación familiar?

Si una persona regularizada puede traer legalmente a sus padres, lo normal es que lo haga. La cuestión no es moral, sino administrativa: cuánto costará, qué servicios utilizarán y quién reforzará esos servicios. La sanidad, la educación, la vivienda pública y las ayudas sociales no son recursos infinitos. Tampoco están gestionados desde Moncloa en su totalidad, sino en gran medida por comunidades autónomas y ayuntamientos, que recibirán buena parte de la presión sin haber diseñado la regularización.

Estas preguntas afectan sobre todo a quienes ya compiten por recursos escasos. La familia que puede pagar un colegio privado, una consulta en Quirón o una vivienda en una zona cara apenas notará el cambio. Lo vivirán los usuarios del ambulatorio saturado, los alumnos de aulas sin refuerzo, quienes buscan un alquiler barato y los trabajadores que compiten por los salarios más bajos. También lo sufrirán los propios inmigrantes, que llegarán a servicios tensionados y competirán entre ellos.

Ahí nace la tensión que después se etiqueta como racismo. Se amplía la demanda sin ampliar de forma equivalente la capacidad, aparecen colas y deterioro, y cuando alguien protesta se le responde con una consigna moral. La regularización puede defenderse por razones humanitarias, laborales o económicas. Lo que no puede hacerse es negar sus costes, ocultar su escala o fingir que preguntar por ellos equivale a odiar al inmigrante.

Sánchez ha cerrado el curso hablando de clima, economía y continuidad hasta 2027. Los incendios se llevan ahora todos los focos, pero la inmigración y la regularización han sido una de las decisiones centrales de este curso político. Su impacto no termina con el registro de expedientes. Empieza ahora, en los hospitales, las escuelas, la vivienda, los ayuntamientos y los presupuestos autonómicos. La pregunta ya no es cuántos iban a venir. Es quién calculó lo que ocurriría después.