Pedro Sánchez tras la marcha de Montse Mínguez lamenta que: «La política maltrata a
buenas personas». La portavoz socialista deja sus cargos después de que Javier Chicote
destapara los negocios inmobiliarios de su pareja. Ánimo, PSOE y ánimo, España.

Montse Mínguez ha dimitido este 16 de octubre como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, renunció a sus responsabilidades orgánicas y anunció que no encabezará la candidatura socialista por Lleida en las elecciones generales del 29 de noviembre. Su retirada llega apenas tres días después de que Artículo 14 publicara que Sergi Vélez, su pareja, dirige un grupo empresarial con al menos treinta viviendas en alquiler y varios procedimientos de desahucio por impago.

La investigación de Javier Chicote identificó once sociedades vinculadas al empresario, entre ellas empresas dedicadas al alquiler, la construcción y la promoción inmobiliaria. Mínguez tiene además tres viviendas en propiedad. Nada de esto demuestra por sí mismo una ilegalidad. El problema para el PSOE es bastante más sencillo: llevaba semanas presentando a los propietarios de múltiples viviendas como uno de los grandes enemigos de los inquilinos.

La contradicción estalló en Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3. Mínguez denunció un ataque personal, aseguró que la actividad de su pareja era perfectamente legal y defendió que se trataba de una empresa familiar sometida a la Ley de Vivienda de Cataluña. Juan Soto Ivars quiso saber cuánto pagaban de alquiler sus inquilinos. La portavoz no dio una cifra y terminó amenazando con abandonar la conexión. También insinuó que detrás de la información de Chicote había intereses políticos.

Era una defensa bastante razonable para cualquier propietario: pagar impuestos, cumplir la ley y acudir a los tribunales cuando corresponde. Exactamente los argumentos que el PSOE había convertido en sospechosos durante su ofensiva contra los fondos buitre y los llamados rentistas. La empresa de Sergi Vélez podía ser perfectamente legal; lo difícil era explicar por qué los negocios inmobiliarios de unos merecían una campaña política y los de otros exigían respeto a la vida privada.

La polémica no se quedó en los alquileres. EL ESPAÑOL publicó que Mínguez presidió en 2017 una Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lleida que aprobó una modificación urbanística en Ciutat Jardí, donde una empresa de Vélez desarrolló posteriormente la promoción residencial Botànic, con pisos de lujo, áticos y piscinas. La información abre nuevas preguntas sobre su actuación municipal, aunque la coincidencia de ambas circunstancias no acredita por sí sola un trato de favor ilegal.

Mientras aparecían nuevas informaciones, el PSOE defendía a su portavoz. Félix Bolaños acusaba al PP y Vox de querer desviar la atención del problema de la vivienda. Pedro Sánchez explicó después que Mínguez estaba destrozada, que le había pedido que no abandonara la política y que España había cruzado demasiadas líneas rojas en el trato a los representantes públicos.

El argumento resulta especialmente llamativo porque la noticia no nació de una investigación del PP ni de Vox, sino del trabajo de periodistas. Y porque el propio PSOE había decidido llevar el debate sobre la vivienda al terreno personal, señalando patrimonios, propietarios y empresas para dividir la campaña entre quienes defienden a los inquilinos y quienes supuestamente se enriquecen con ellos.

A pocas semanas del 29-N, la marcha de Mínguez ha golpeado una de las principales apuestas electorales de Sánchez. Los decretos de vivienda rechazados en el Congreso, las protestas por los desahucios, el enfrentamiento con Feijóo y Abascal y las acusaciones contra los fondos buitre habían convertido el alquiler en el centro de la campaña socialista. La salida de su portavoz deja al partido atrapado en una contradicción que él mismo ayudó a construir.

Hay un precedente conocido en la izquierda española. Podemos elevó durante años las exigencias sobre la conducta privada de sus dirigentes hasta que sus propias reglas terminaron volviéndose contra Íñigo Errejón. Ahora el PSOE se encuentra con algo parecido en materia de vivienda: después de convertir determinadas actividades legales en motivo de reproche político, descubre que esas mismas actividades también existen cerca de sus dirigentes.

Rebeca Torró sustituye a Mínguez en la portavocía socialista y Cristina Morón encabezará la lista por Lleida. Pedro Sánchez pierde a una dirigente a la que consideraba extraordinaria, pero el problema de fondo sigue ahí. Tener viviendas y alquilarlas no es un delito. La incoherencia consiste en defender esa evidencia únicamente cuando las viviendas son de los tuyos.

España entra en la era posterior a Montse Mínguez con una lección bastante sencilla para el PSOE: antes de convertir algo en una vergüenza pública, conviene comprobar que no lo hacen también los compañeros de partido.