Pedro Sánchez lleva tres años sin aprobar unos Presupuestos, pero ya sabe quién amenaza
las pensiones: Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Si hablas de sacrificio, colapso o
de sistema «zombi», el PSOE lo traduce en el del fin de las jubilaciones si gana la derecha.

La polémica comenzó cuando Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, advirtió de que el sistema público de pensiones «va a petar» y pidió valentía para reformarlo. José María Figaredo, responsable económico de Vox, defendió un modelo mixto que combine reparto y capitalización. Pedro Sánchez reaccionó desde Bruselas acusando al PP y Vox de mentir a los pensionistas para recortar sus prestaciones después de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Alberto Núñez Feijóo ha tenido que intervenir para asegurar que las pensiones son «innegociables» y comprometerse a revalorizarlas conforme al IPC. Santiago Abascal también sostiene que se seguirán pagando, aunque Vox insiste en cambiar el modelo actual. Hay diferencias importantes entre ambas propuestas, pero el PSOE ha encontrado un argumento de campaña mucho más sencillo: votar a la derecha significa poner en peligro la pensión.

La paradoja es que Sánchez lleva gobernando desde 2018 y España funciona todavía con los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Son tres ejercicios consecutivos, 2024, 2025 y 2026, sin unas nuevas cuentas aprobadas en el Congreso. María Jesús Montero no ha conseguido sacar adelante otro presupuesto y el Gobierno ha terminado legislando mediante decretos, modificaciones de crédito y prórrogas.

Las pensiones se siguen pagando y se han revalorizado conforme al IPC. En 2026 subieron un 2,7%, mediante un real decreto-ley. El problema no es que los jubilados vayan a dejar de cobrar por falta de Presupuestos. Es que el Gobierno lleva años sin someter a las Cortes unas cuentas generales actualizadas que permitan discutir conjuntamente cuánto ingresa España, cuánto gasta y cómo piensa afrontar los compromisos futuros.

Y los números no son precisamente pequeños. En septiembre de 2026, la Seguridad Social destinó 14.498 millones de euros a pagar pensiones. Casi 9,5 millones de pensionistas y más de 10,5 millones de prestaciones. La incorporación de la generación del baby boom a la jubilación seguirá aumentando la factura durante las próximas décadas, mientras los trabajadores actuales soportan una parte creciente de su financiación.

La AIReF advirtió en mayo de 2026 de que cumplir formalmente la regla de gasto de pensiones no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sus proyecciones sitúan el gasto en pensiones cerca del 16,4% del PIB en 2050. FEDEA también ha señalado la creciente dependencia de las transferencias del Estado para cubrir la diferencia entre los ingresos propios de la Seguridad Social y sus gastos. No significa que las pensiones vayan a desaparecer. Significa que mantenerlas exige decisiones que alguien tendrá que explicar y financiar.

El Gobierno presume de haber recuperado la hucha de las pensiones hasta los 20.000 millones de euros, pero el Fondo de Reserva no resuelve por sí solo un problema de gasto estructural. La subida de cotizaciones, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la deuda pública, los impuestos y el empleo forman parte de una discusión bastante más seria que acusar a la oposición de querer quitarles la paga a los jubilados.

El PSOE conoce perfectamente la importancia electoral de las pensiones. Los mayores de 65 años son uno de los grupos más numerosos y participativos del electorado, y el voto de las personas de mayor edad ayuda a explicar la resistencia socialista en las encuestas incluso cuando pierde terreno entre los jóvenes. En las elecciones generales de 2026, con PP y Vox aspirando a gobernar, sembrar dudas sobre el futuro de las pensiones puede resultar mucho más eficaz que defender el balance económico del Ejecutivo.

Además, la vida se ha encarecido. Alimentación, suministros, vivienda y servicios pesan cada vez más en los presupuestos familiares. Muchas pensiones han aumentado en términos nominales, pero los jubilados también conviven con esa subida de precios y con hijos y nietos que no pueden independizarse. El miedo a perder una prestación de la que depende toda una familia es un argumento electoral poderoso.

Pedro Sánchez puede prometer que defenderá las pensiones, pero después de ocho años en la Moncloa también tiene que responder por su sostenibilidad. Una cosa es proteger a los pensionistas y otra muy distinta convertir el miedo a perder la pensión en una razón para votar siempre al mismo partido. Sobre todo cuando quien pide confianza lleva tres años sin conseguir aprobar los Presupuestos.

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