UGT y CCOO preparan una huelga general después de ocho años de Gobierno de Pedro
Sánchez. María Jesús Montero asegura que la protesta va contra la oposición. Una huelga
contra los resultados del Gobierno para evitar que gobiernen otros. Tiene su mérito.

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre ha coincidido con una movilización sindical que plantea una contradicción política difícil de ignorar. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, llama a impedir que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal gobiernen, mientras Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, anima a movilizarse incluso contra el propio Gobierno. María Jesús Montero termina de aclarar el planteamiento: la huelga general se convoca contra la oposición porque PP, Vox y Junts han rechazado los decretos de vivienda.

El Sindicato de Inquilinas reclama una huelga general, UGT y CCOO recogen la propuesta y Pedro Sánchez anuncia que su Gobierno respetará la movilización. Todo sucede después del desahucio y la muerte de Maricarmen, la acampada de la Puerta del Sol y la decisión de convertir la crisis de la vivienda en el principal argumento del adelanto electoral. La protesta contra el precio de los alquileres y los salarios insuficientes termina encajada en una campaña cuyo objetivo declarado es impedir la llegada de PP y Vox a La Moncloa.

Los datos económicos ayudan a entender la contradicción. Desde 2015, los salarios han aumentado mucho menos que el precio de compra y alquiler de la vivienda. El salario mínimo ha subido considerablemente, pero eso no ha impedido que millones de trabajadores pierdan capacidad para acceder a una casa. La emancipación juvenil sigue bloqueada, los alquileres absorben una parte creciente de las nóminas y España continúa construyendo muy por debajo de sus necesidades.

Son precisamente los problemas por los que UGT y CCOO convocan ahora una huelga general. Problemas que no aparecieron cuando Junts tumbó los decretos de vivienda, ni cuando Sánchez decidió convocar elecciones. Llevan años agravándose durante los gobiernos de coalición del PSOE, primero con Podemos y después con Sumar.

También resulta relevante la relación económica e institucional entre los sindicatos y el Ejecutivo. La partida estatal de subvenciones destinadas a organizaciones sindicales por su representatividad pasó de unos 8,8 millones de euros en 2018 a 32 millones en 2026. No se trata de dinero exclusivo para UGT y CCOO, pero sí de una financiación pública que se ha multiplicado durante el mandato de Sánchez. A ello se añade una vicepresidenta, Yolanda Díaz, estrechamente vinculada al sindicalismo de Comisiones Obreras.

La huelga llega, además, con una peculiar interpretación de la representación democrática. El Congreso de los Diputados rechaza los decretos de vivienda y Sánchez sostiene que esa mayoría parlamentaria ya no representa lo que quiere la ciudadanía. Convoca elecciones para buscar otra mayoría y, mientras tanto, lleva las medidas a la Diputación Permanente, donde la composición es diferente. Las protestas de la calle pasan a presentarse como expresión de la voluntad popular frente a las decisiones de los diputados elegidos por esa misma ciudadanía.

En este contexto aparece una vieja herramienta política: la agitación de masas como instrumento de movilización electoral. Las manifestaciones, las pancartas y las huelgas dejan de limitarse a reclamar medidas concretas y se convierten en una demostración de fuerza frente a un adversario. La amenaza de una involución con Feijóo y Abascal sirve para transformar el malestar por la vivienda en un llamamiento a mantener al Gobierno que ha gestionado esa crisis durante los últimos ocho años.

El contraste alcanza también a los fondos de inversión. Mientras Sánchez utiliza a los fondos buitre como antagonistas de su campaña sobre vivienda, aparecen adjudicaciones públicas para la gestión inmobiliaria a empresas vinculadas con grandes fondos internacionales. Aliseda, perteneciente a Blackstone, figura en un contrato de unos 52 millones de euros, y Servihabitat, vinculada a Pollen Street Capital, en otra adjudicación de unos 63 millones. Dos operaciones que suman aproximadamente 115 millones y que obligan a examinar la distancia entre el discurso político contra los fondos y las relaciones comerciales de la Administración con estas compañías.

La cuestión de fondo no es si los trabajadores tienen motivos para protestar. Los tienen. Es por qué una huelga contra los bajos salarios y la crisis de la vivienda termina presentada como una movilización contra quienes todavía no gobiernan. Y por qué los sindicatos que han acompañado durante años la política laboral del Ejecutivo descubren la necesidad de una huelga general precisamente cuando empieza la campaña electoral.