Este es literal el titular de la portada El Mundo:
“Todos los cuerpos del estado alertaron del asalto masivo”.
Ahora escuchad a Silvia Intxaurrondo.

Los 40 documentos desclasificados sobre Ceuta han convertido una discusión aparentemente semántica —si el CNI utilizó o no la palabra “masivo”— en una cuestión más incómoda: qué sabía realmente el Estado antes del 30 de julio, quién recibió los avisos y por qué la información disponible no produjo una respuesta capaz de anticipar una entrada de decenas de miles de personas.

Hay documentos de Policía Nacional, Guardia Civil, CNI y Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. El 27 de julio ya aparecen comunicaciones del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta. El 29, Inteligencia trasladó que circulaban convocatorias para entrar aprovechando la Fiesta del Trono marroquí y advirtió de un “llamamiento para asalto por valla y mar”. Los grupos detectados en redes sociales alcanzaban alrededor de 180.000 seguidores. El aviso llegó también a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia marroquíes.

El matiz que ha provocado una nueva batalla mediática es literal. En los documentos del CNI no aparece la expresión exacta “asalto masivo”. Sí aparecen convocatorias para entrar a Ceuta, intentos por mar y por la valla y perfiles especialmente activos. Otros organismos sí manejaron expresiones como “entrada masiva” o escenarios de elevada gravedad. De ahí que un titular pueda resumir que todos los cuerpos alertaron de un asalto masivo sin que esas dos palabras formen necesariamente una cita textual del CNI.

Silvia Intxaurrondo puso precisamente el foco en esa diferencia en La Hora de La 1 al cuestionar titulares que atribuían al CNI la expresión “asalto masivo”. El problema es que la discusión sobre las comillas corre el riesgo de comerse el contenido de los papeles. La cuestión relevante no es únicamente qué adjetivo utilizó cada organismo, sino qué información manejaban en conjunto Policía, Guardia Civil, Ejército, CNI, Delegación del Gobierno y Presidencia antes de que comenzara la avalancha.

Pedro Sánchez sostiene que los avisos describían un incremento de presión y movimientos de cientos de personas, pero que nadie anticipó una dimensión próxima a las más de 70.000 entradas que terminaron produciéndose. El Gobierno defiende por eso que hubo información previa, pero no una alerta capaz de predecir la magnitud final.

Esa defensa se enfrenta a datos difíciles de ignorar. El CNI conocía convocatorias concretas, vías de acceso y fechas. La Policía había advertido del incremento de entradas durante los días anteriores. La Guardia Civil había solicitado refuerzos tras analizar el posible efecto de la sentencia del Supremo sobre las devoluciones. Y el Ejército manejó escenarios de riesgo y posteriormente describió como negligente y pasiva la actuación marroquí. Ninguna pieza por separado anunciaba exactamente lo que terminó ocurriendo; juntas dibujaban una frontera sometida a una presión excepcional.

La polémica acaba de complicarse todavía más. Gonzalo Sanz, hasta ahora jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido asegurando que informó a Miguel Ángel Pérez Triano de una advertencia del CNI el 29 de julio. El delegado niega esa versión. La discrepancia obliga a preguntar si el problema estuvo en la inteligencia disponible, en cómo circuló dentro de la Administración o en las decisiones posteriores.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional investiga lo sucedido y la relación con Marruecos continúa siendo el gran elefante en la habitación. Los propios documentos muestran que Rabat fue avisado. España considera a Marruecos un socio estratégico, pero decenas de miles de personas atravesaron una frontera cuya vigilancia depende también de la cooperación marroquí.

Por eso reducir todo a si el CNI escribió literalmente “masivo” deja fuera lo esencial. Los papeles ya son públicos. Hubo avisos. Hubo convocatorias identificadas. Hubo comunicaciones entre organismos. Hubo información enviada a Marruecos. Lo que falta explicar es por qué todo aquello no bastó.