Ni Koldo, ni Ábalos, ni Cerdán, ni Begoña, ni el hermanísimo.
El caso de Sánchez que realmente puede poner la democracia en peligro,
es, sin duda, el caso del fiscal y el juicio por las filtraciones del novio de Ayuso.

El ministro Bolaños quiere una reforma que permitiría a los fiscales instruir los casos —decidir qué se investiga y qué llega a juicio—. Pero mientras tanto, el fiscal general se sienta ante el Supremo por presuntamente haber filtrado información del caso Ayuso. Si lo condenan, el Gobierno activará su relato del “lawfare”: los jueces como brazo de la derecha. Si lo absuelven, se confirmará que el Estado juzga a sí mismo y que la justicia ya no es independiente.

Todo apunta a que el sanchismo ha colonizado casi todas las instituciones —el CIS, RTVE, el Banco de España— y solo le queda la Justicia. Este juicio, por tanto, no trata solo de un delito, sino del último dique del Estado de derecho. Si cae la fiscalía, cae la separación de poderes. Si cae el Supremo, cae el país.

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