España acaba de atravesar otra crisis con Marruecos en Ceuta mientras vuelve la misma pregunta: cuánto cuesta exactamente nuestra relación con Rabat y cuánto dinero público
sale de España hacía el reino alauita bajo las etiquetas de cooperación o ayuda al desarrollo

Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos y durante años rastreador casi obsesivo del BOE, los acuerdos del Consejo de Ministros y las subvenciones públicas, pone cifras concretas encima de la mesa.

Una de las más polémicas son los 755 millones de euros destinados a financiar 40 trenes para Marruecos mediante el FIEM, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa. Aquí conviene afinar: no es un regalo directo a Mohamed VI. Son créditos reembolsables concedidos para proyectos internacionales vinculados a empresas españolas. AFP verificó precisamente este año que esos 755 millones deben ser devueltos al Estado y no pueden describirse simplemente como una donación.

Pero esa precisión jurídica no elimina la discusión política. El mismo modelo permite que España movilice cientos de millones para infraestructuras extranjeras mientras dentro del país se discute el deterioro de Cercanías, la inversión ferroviaria o la relación cada vez más asimétrica con Marruecos.

El segundo ejemplo está completamente documentado: España respalda con cerca de 340 millones de euros de financiación pública la desaladora de Casablanca. El proyecto, liderado por Acciona, moviliza 250 millones mediante FIEM, unos 70 millones con cobertura pública de CESCE y otros 31 millones a través de COFIDES. La planta tendrá una inversión total superior a 600 millones y suministrará agua a millones de personas en la región de Casablanca.

Solo esos dos proyectos permiten entender la escala del sistema. Ya no hablamos de la clásica subvención de 20.000 euros que circula por redes sociales porque tiene un nombre ridículo. Hablamos de instrumentos financieros capaces de movilizar centenares de millones.

Y después están precisamente las partidas pequeñas. AECID reconoce que financia directamente a ONGD, empresas, organismos internacionales, fundaciones y administraciones extranjeras mediante distintas convocatorias. Ahí aparecen proyectos agrícolas, programas de género, cooperación sindical, biodiversidad, policía, justicia, sostenibilidad y decenas de categorías que rara vez llegan a un telediario.

Uno de los ejemplos más llamativos es Botas Violeta, una iniciativa del PNUD en Ecuador que desde 2022 ha repartido 1.894 pares de botas moradas a mujeres rurales como parte de una campaña de autonomía económica y visibilización de su trabajo. Existe, no es una parodia, y Naciones Unidas la presenta como herramienta y símbolo de empoderamiento femenino.

Otro caso citado por Cambronero también está documentado: AECID concedió 250.000 euros a la Policía Nacional de República Dominicana para mejorar sus labores de prevención e investigación. La propia policía dominicana publicó la firma del acuerdo en 2022.

Después llegan las organizaciones internacionales. Solo en abril de 2026 el Consejo de Ministros autorizó 264,82 millones de euros en contribuciones voluntarias plurianuales: 145 millones para el Fondo Mundial contra el sida, tuberculosis y malaria; 20 millones para ACNUR, otros 20 para el Programa Mundial de Alimentos y otros 20 para el Comité Internacional de la Cruz Roja; 9 millones para UNRWA y 2 millones para la OMS, entre otras partidas. (⁠La Moncloa)

También aquí la palabra “voluntaria” es importante: son aportaciones adicionales decididas por el Gobierno, no simplemente cuotas inevitables de pertenencia.

Cambronero coloca además el foco sobre los créditos que después se renegocian. Hay un ejemplo reciente especialmente útil: el Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio la reestructuración de 73,25 millones de euros de deuda de Sri Lanka con España, procedente precisamente de créditos FIEM. Reestructurar no significa necesariamente perdonar toda la deuda, pero sí demuestra que “reembolsable” tampoco equivale a recuperar el dinero en plazo y condiciones originales. (⁠La Moncloa)

El problema interesante no es afirmar que toda cooperación internacional sea un fraude. Cambronero tampoco sostiene eso. La pregunta es otra: cuánto dinero sale, qué proyectos funcionan, quién controla después su ejecución y qué capacidad real tiene un contribuyente para seguir el recorrido de cientos de millones cuando atraviesan gobiernos extranjeros, ONG, organismos de Naciones Unidas, sindicatos, consultoras y empresas.

Porque las grandes cantidades suelen esconderse detrás de palabras muy tranquilizadoras: cooperación, solidaridad, sostenibilidad, internacionalización.

Y cuando se suman 755 millones aquí, 340 allí, 264 en contribuciones voluntarias y cientos de convocatorias menores, la discusión deja de ser si unas botas son moradas.

La pregunta es quién sigue el dinero cuando nuestro dinero cruza la frontera.