Fui el primero en pedir prudencia cuando El Diario destapó el caso de Julio Iglesias.
Ahora que la defensa ha hablado y que la Fiscalía lo ha archivado podemos preguntarnos cosas
como quién presentó la denuncia, por qué Julio no tiene su copia y por qué testimonios de actrices.

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Cuando estallan las acusaciones contra Julio Iglesias, la reacción inmediata fue la de siempre grandes titulares polarizados que hablaban o bien de escándalo heteropatriarcal y de condena social automática o bien de patraña interesada, denuncia falsa o cortina de humo.

Desde el primer momento aquí se pidió prudencia. No para negar nada, sino porque la gravedad de las acusaciones exigía esperar a ver qué decía la otra parte y, sobre todo, qué recorrido jurídico real tenía el caso.

A diferencia de otros episodios recientes, las informaciones parecían fruto de una investigación periodística extensa, con múltiples artículos, fuentes y testimonios. Precisamente por eso la expectativa era que todo estuviera sólidamente atado. Sin embargo, con el paso de los días han ido apareciendo elementos que cambian sustancialmente el cuadro: la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias no porque entrara a juzgar la falsedad del contenido, sino por falta de competencia jurisdiccional.

A partir de ahí nos hemos enterado de una anomalía difícil de explicar: Julio Iglesias y su abogado, José Antonio Choclán, no han tenido acceso a la denuncia que ha destruido su reputación, pese a que esa denuncia fue estudiada por la fiscalía, dio lugar a declaraciones, a la concesión del estatuto de protección a las denunciantes y fue filtrada a los medios.
La justicia archivó, pero sin que el denunciado pudiera conocer el contenido concreto de lo denunciado.

Otro dato clave: la denuncia no fue presentada directamente por las dos mujeres, sino por la organización Women’s Link Worldwide, que define su actividad como activismo que utiliza denuncias y litigios estratégicos para intervenir en el discurso público.

Esa misma organización y los medios que difundieron todo usaron testimonios grabados que se presentaron como relatos de las víctimas y que posteriormente se supo que estaban interpretados por actrices.
Activismo, comunicación y estrategia jurídica para conseguir el gran me too que la prensa española de izquierdas lleva tanto tiempo buscando.

El daño reputacional ya está hecho. Editoriales, comunicados, tertulias y opinionadores llamaron viol*dor y tratante de personas a Julio Iglesias a partir de una acusación que ni ha sido juzgada y que ni siquiera ha podido ser examinada por el propio acusado y su defensa.

A partir de ese punto, ahora Julio Iglesias estudia inerponer acciones legales tanto por denuncia falsa, como por el daño a su reputación contra los medios que difundieron las acusaciones.

Y es que aunque la justicia española no sea competente para juzgar los presuntos hechos, sí lo sería para conocer una denuncia falsa, porque la denuncia se presentó en España y fue aquí donde se produjo la filtración y el daño al honor.

Por otro lado, lo del derecho al honor puede suponer un riesgo enorme para quienes impulsaron la estrategia mediática.
Tanto el Diario .es como UNivisión y probablemente otros medios como televisión Española y La Ser se puden enfrentar al reclamo de indemnizaciones millonarias.

Al cantante músculo económico no le falta y bueno, ya todos tenemos en mente qué tipo de abogado es Choclán.

La paradoja es que aunque las acusaciones fueran ciertas, si no pueden probarse en el marco judicial adecuado, pasan a ser jurídicamente no ciertas. Y eso convierte una operación presentada como defensa de las víctimas en una bomba legal contra quienes la ejecutaron.

Por eso este caso ya no va solo de Julio Iglesias, sino del precedente que puede sentar sobre cómo se construyen denuncias, cómo se instrumentaliza el activismo y hasta dónde pueden llegar los medios cuando confunden investigación con campaña.

La cuestión de fondo no es defender a Julio Iglesias ni negar a las denunciantes. Es entender cómo funciona hoy el mecanismo: acusaciones mediáticas presentadas como certezas, uso instrumental del estatuto de la víctima, activismo judicial que busca impacto público y un periodismo que se adelanta a la justicia.

Si las acusaciones resultan ciertas, deberán probarse donde corresponde. Si no lo son o no pueden probarse, el daño causado es irreversible y lo primero que mina es la credibilidad futura de las propias denuncias de este tipo.

Lo útil que puede ser la prudencia y qué triste que esté tan en deshuso.