Lo que investiga Pedraz es una estructura atribuida a Leire Díez y Santos Cerdán para torpedear
causas judiciales contra el partido y el Gobierno. Una trama que te permite entender que cuando el
PSOE y su sincronizada hablan de fango, lawfare o conspiración es porque lo están haciendo ellos.

La UCO en Ferraz, los pagos a Leire, la vigilancia a la jueza Biedma, los contactos con fiscales Anticorrupción y las maniobras sobre testigos colocan el caso en el centro del sanchismo.
Al relato del fango, la fachosfera y el lawfare sólo hay que hacerle una pregunta concreta: por qué se buscaba información contra jueces, fiscales y guardias civiles si las causas eran tan débiles.

El caso Leire Díez ha pasado de anécdota de fontanería política a investigación sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

El juez Santiago Pedraz sitúa en la causa a Leire Díez, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías, Ismael Oliver y la gerente socialista Ana Fuentes, con delitos como organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

La UCO entró en Ferraz el 27 de mayo para requerir documentación en la sede nacional del PSOE. También hubo diligencias en domicilios relacionados con Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y Pérez Dolset. RTVE recoge que Pedraz atribuye a Cerdán el encargo a Leire Díez para coordinar una operación destinada a torpedear investigaciones judiciales y policiales contra el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.

La fecha clave es abril de 2024. Pedraz marca como punto de inflexión una reunión en Ferraz durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez.

Desde ahí comienza a operar una maquinaria que revela que cuando el PSOE denunciaba fango, pseudomedios y lawfare, a la vez estaban realizando operaciones para buscar material contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

El frente judicial no se limita a Ferraz. Asociaciones de jueces y fiscales han exigido una respuesta más firme del CGPJ y de la Fiscalía General ante las presuntas maniobras del caso Leire y el actual relato y posicionamiento del gobierno con la justicia. Señalan intentos de espionaje y hostigamiento contra la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente. Un caso menor pero que aun así activó la búsqueda de información personal o comprometedora para desacreditar y calumniar.

También aparecen Alejandro Luzón y otros fiscales Anticorrupción. Se ha publicado que la trama intentó obtener información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, a través de dos subordinados.

Y por supuesto, datos sobre la estructura interna de la UCO, la unidad que investiga varias causas de corrupción vinculadas al PSOE y al Gobierno.

Leire, era una militante de base pero hemos sabido que El PSOE de Cantabria ha elevado de 15.000 a 44.859 euros el dinero pagado a Leire Díez entre 2015 y 2017 por labores de comunicación.

La defensa de Leire Díez ya ha pedido la nulidad del registro en Ferraz alegando que la UCO se apoyó en mensajes personales y material que no debía formar parte de la causa. Esa línea procesal apunta a invalidar parte de la actuación policial, mientras el caso avanza hacia una posible unificación entre procedimientos abiertos en Madrid y la Audiencia Nacional.

La cloaca es la trama que demuestra que mientras el PSOE denunciaba una campaña judicial y mediática contra el Gobierno, la investigación de Pedraz apunta a que era el partido socialista de Pedro Sánchez el que estaba haciendo, al mismo tiempo, exactamente eso.

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